Organizaciones empresariales del país como Coparmex, Concamin y el Comce, expresaron en una posición conjunta su oposición a legalizar las invasiones de viviendas, como propone el director del Infonavit, Octavio Romero.
En un comunicado subrayaron que esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.
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Aseguraron que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.
“De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios”.
Foto: Captura | Comunicado de las cámaras representantes sobre la medida de Infonavit en torno a legalizar las invasiones de viviendas.
Las cámaras firmantes del manifiesto destacaron que pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.
Sheinbaum se pronuncia a propuesta del Infonavit
Recordaron que durante su conferencia del miércoles 18 de junio, a la presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionó sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.
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“Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas”.
Los organismos empresariales dijeron que la certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
