El 28 de abril, en cuestión de segundos, la Península Ibérica se vio sumida en el apagón más disruptivo de su historia moderna. Ciudades de España y Portugal quedaron paralizadas cuando el 60% del suministro eléctrico español se apagó en solo cinco segundos, afectando transporte público, telecomunicaciones e industrias clave, lo que dejó al menos 8 muertos.
Aunque duró unas 10 horas —más en algunas regiones—, el corte se atribuye a errores de planificación y fallos técnicos que revelaron profundas tensiones en la transición energética española.
El informe oficial, publicado 49 días después por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, identificó el origen: una subida de tensión en el sur de España que desató una cadena de desconexiones de protección.
El fallo no fue causado por cibersabotaje, como se temía al principio, sino por un colapso multifactorial: mala preparación de la red, errores de cálculo del operador Red Eléctrica (REE), e incapacidad de las centrales tradicionales para amortiguar la sobrecarga.
Estas “vulnerabilidades, carencias o malas configuraciones de medidas de seguridad”, dijo Aagesen, derivan de la falta de capacidad térmica activa y de la respuesta insuficiente de generadores convencionales ante la subida de tensión. El informe no detectó escasez de generación, sino un fallo en la gestión del sistema.
La respuesta ha sido políticamente tensa. El presidente Pedro Sánchez, ya envuelto en un escándalo de corrupción reciente que involucra a un prominente militante socialista, rechazó los señalamientos que culpaban a la transición renovable, calificándolos de “falsedades o ignorancia”. Reafirmó la meta de alcanzar 81% de electricidad renovable en 2030 y advirtió que reveses como este no deben frenar ese rumbo.
Por su parte, el líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, acusó al gobierno de ceguera ideológica: “Con tanto empeño en ser los más verdes, nos dejaron a oscuras”.
REE, operador parcialmente estatal, aseguró haber seguido el protocolo. No obstante, el grupo de empresas eléctricas en España, AELEC, señaló que la limitada distribución de la capacidad síncrona de REE dejó vulnerable al sistema. Aunque el informe no señala empresas, el gobierno dejó entrever que habrá consecuencias. “La siguiente fase es judicial”, afirmó Aagesen.
