La Escuela Técnica Profesional en Podología (EMPT) recibió reconocimiento, desde el 2010, como una de las más prestigiosas del país, contaba con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), instalaciones adecuadas, plataformas educativas en línea, y presencia en al menos 19 estados de la República.
A simple vista, todo parecía estar en regla. Boletas, credenciales, diplomas, cartas de pasante y una sólida plantilla docente convencieron a cientos de estudiantes de elegirla como la mejor opción para profesionalizarse en el área de la salud podológica.
Sin embargo, la confianza depositada en la institución comenzó a resquebrajarse tras el fallecimiento de su fundador, el podólogo José Guillermo de la Paz, pues su muerte destapó una lucha interna por el control administrativo y financiero de la escuela, lo que provocó una parálisis total en los trámites de titulación.
Su hijo, Alejandro de la Paz, se deslindó por completo del proyecto, cediendo el control a Jadille Elvira Estrada Yaver, quien se presentó ante los estudiantes como la nueva encargada del área de Control Escolar, aunque sin demostrar legitimidad clara en sus funciones.
Desde entonces, los egresados que culminaron sus estudios entre 2019 y 2023 enfrentan un auténtico viacrucis, pues a pesar de haber realizado prácticas profesionales, exámenes finales, tesinas y servicio social, no logran obtener sus títulos ni cédulas profesionales.
Las respuestas por parte de las autoridades educativas son evasivas o directamente inexistentes.
“Nos están quitando la oportunidad de poder participar en los programas de salud que en últimas fechas ha fomentado el gobierno de la presidenta”, manifestó Erika Valdez Tolentino.
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Foto: Cortesía
Consecuencias legales
Por otro lado, la situación se agrava debido a las consecuencias legales y económicas que enfrentan los afectados, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan inspecciones en consultorios y clínicas donde ejercen informalmente, y al no contar con documentos que los acrediten como profesionales, los multan, suspenden e incluso clausuran.
“No somos responsables del desorden de las autoridades involucradas”, Rosario Ruiz Flores.
Además, la falta de titulación ha significado el cierre de puertas laborales en instituciones de salud pública, clínicas privadas y programas gubernamentales.
“Nos están dejando fuera de los programas de salud impulsados por el gobierno federal, especialmente los nuevos planes anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum”, señalan los afectados.
Demanda Colectiva
En 2023, un grupo de 150 egresados inició una demanda colectiva representada por la abogada Alicia Álvarez Macías; sin embargo, con el tiempo, y ante las múltiples complicaciones legales y económicas del proceso, algunos abandonaron el litigio.
Al día de hoy, 105 estudiantes mantienen la lucha legal activa. Aunque han ganado 31 amparos, el Estado aún se niega a liberar los documentos profesionales, sin ofrecer justificación alguna.
El Gobierno de Nayarit es duramente criticado por su pasividad ante el caso. Incluso medios como el periódico Excélsior lo han señalado directamente: “En Nayarit, la podredumbre no está sólo en las tribunas, sino bien metida en oficinas gubernamentales”, cita la columna Frentes Políticos del 2 de junio.
Los estudiantes afectados no exigen privilegios ni compensaciones económicas. “Estamos dispuestos a ser evaluados, a realizar cualquier trámite adicional que sea necesario, pero no somos responsables del desorden administrativo que provocaron las autoridades educativas y escolares”, recalcan.
Mientras tanto, sus vidas están en pausa, aunado a deudas acumuladas y el desgaste emocional de luchar por algo que corresponde a un derecho garantizado: la posibilidad de ejercer la carrera que eligieron con esfuerzo y dedicación.
