Redacción
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en 2021 contra un grupo de empresas fabricantes y distribuidoras de armas, a las que responsabilizaba del tráfico ilegal de armamento hacia el crimen organizado. Con esta decisión, se cerró de manera definitiva el litigio que pretendía vincular legalmente a la industria armamentística con la violencia generada por los cárteles en México.
La demanda buscaba una compensación económica millonaria y una orden judicial que obligara a las compañías —incluidas Smith & Wesson, Glock, Colt y Beretta— a modificar sus prácticas de venta y distribución. Las autoridades mexicanas argumentaban que estas firmas operaban con negligencia al permitir la venta de armas a intermediarios del narcotráfico, y que incluso diseñaban productos adaptados a los gustos de los grupos criminales.
Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense concluyó que no existían elementos suficientes para considerar que las empresas violaron la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), legislación que otorga inmunidad a los fabricantes frente a demandas por el uso ilícito de sus productos, salvo en casos excepcionales.
La Corte indicó que la acusación no demostró de forma convincente que las compañías demandadas hubieran participado de manera activa o con intención directa en la distribución ilegal de armas. En consecuencia, determinó que la demanda no podía avanzar y que las empresas mantenían su protección legal.
Este revés legal para México se dio en un contexto de tensiones bilaterales marcadas por los flujos migratorios, el tráfico de drogas y la inseguridad fronteriza. El caso se había presentado como un intento del gobierno mexicano por cambiar el enfoque de la discusión, señalando la responsabilidad de actores estadounidenses en la violencia armada que afecta al país.
A pesar de que algunos sectores esperaban un fallo favorable a la industria armamentística debido a la mayoría conservadora en la Corte, la resolución unánime sorprendió al incluir también a los magistrados considerados de tendencia liberal.
Con esta resolución, México agota la vía judicial en Estados Unidos para responsabilizar directamente a los fabricantes de armas.
