El proceso electoral para elegir a los integrantes del Poder judicial del domingo fue indudablemente particular. Podemos calificar eso como un avance o no, según las ideologías, pero ese no es el objeto de la columna hoy.
Lo preocupante de la elección del domingo no es lo innovador que pudo ser, sino las prácticas repetidas y los defectos que conservó de otras elecciones.
El proceso pudo ser especial porque se pudo elegir a los integrantes del Poder Judicial o por todas las modificaciones que se hicieron al proceso en aras de alcanzar un recorte presupuestal importante.
Pero lo que resalta hoy es que las elecciones de jueces, magistrados y ministros conservaron los defectos constantes que caracterizan otras votaciones en nuestro país en los últimos años.
Organizaciones sociales señalaron irregularidades en el financiamiento de las campañas e incluso en algunos casos remarcan el pago de pautas, mismas que estaban explícitamente prohibidas por la ley.
El Observatorio Electoral Judicial, un conjunto de organizaciones sin fines de lucro, detectó que aunque según las reglas de campaña “se prohíbe la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en cualquier medio para promocionar su candidatura, incluyendo medios de comunicación, espacios físicos, impresos o digitales”, 394 candidaturas invirtieron en publicidad.
Con el monitoreo que realizó la organización se estimó que el gasto en publicidad pudo ser de entre 2.3 y 3 millones de pesos que incluyen no solo presencia en redes sociales sino también elaboración de encuestas a lo largo del proceso sin metodología clara que pudieron ayudar a hacer promoción.
El problema es que estas irregularidades que presuntamente se cometieron no solo violan la ley, sino que las faltas las cometieron quienes en los siguientes años se dedicarán a vigilar el cumplimiento de esta.
Creo que además de la irregularidad, el problema específico es que, según Arturo Espinosa director de Laboratorio electoral, la estructura desde la que se hizo la contratación de esos espacios está específicamente diseñada para esto.
Es decir, hay toda una estructura para evadir los muchos o pocos controles que pueda tener ese gasto. Cuentas que pueden parecer bots y no necesariamente muestran una ideología, también se detectan patrones anormales, de reciente creación y otras características.
El problema no es el entramado ilegal sino la falta de reserva al usarlos. Y aquí viene la duda genuina, ¿cuántos de quienes impartirán justicia están dispuestos a romper reglas para llegar a un cargo? ¿Fueron las campañas y su diseño las causantes de ese vicio en la competencia o si la falta de controles es lo que ocasiona que los perfiles consideren que esta práctica es una buena idea?.
Mientras resolvemos la duda, tendremos que apostar a los ejercicios de fiscalización del INE para que efectivamente lleguen los más idóneos al puesto.
@Micmoya
