La Fiscalía General de la República de su sede en Guanajuato (FGR) ajustó este lunes a 11 el número de fallecidos tras un ataque durante una fiesta en el municipio de Salvatierra, que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “crimen atroz”.
Las autoridades informaron el domingo, luego del ataque ocurrido en la madrugada, que once personas habían fallecido en el lugar y otro más cuando era atendido de heridas de bala en un hospital.
“Se pudo establecer que este doceavo (fallecido) no estuvo relacionado con los hechos citados”, detalló la fiscalía en un comunicado. El atentado dejó además 14 heridos.
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La masacre ocurrió en una casona de campo de San José del Carmen, lugar que es alquilado para eventos sociales y en el que estaban reunidos un centenar de jóvenes en una fiesta navideña.
Según las primeras indagatorias reveladas este lunes por la fiscalía, unos hombres intentaron ingresar en la reunión pero al ser descubiertos, les pidieron que se retiraran.
“Posteriormente regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes, además de provocar daños por incendio a diversos vehículos”, añadió la fiscalía.
“Es un hecho muy lamentable lo que sucedió (…). Es un crimen atroz, estaban en una posada (fiesta navideña) y llegaron a asesinarlos”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.
Las autoridades no han identificado a los probables responsables ni si pertenecen a alguna de las bandas criminales con presencia en Guanajuato, que al 15 de diciembre sumaba tres mil 29 asesinatos, según cifras oficiales.
Este distrito, que cuenta con un próspero desarrollo industrial, se ha convertido en uno de los más violentos de México por la presencia del cartel de Santa Rosa de Lima, en pugna con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del tráfico de drogas y de combustibles robados.
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Estas células criminales también se dedican a otros delitos como el secuestro y la extorsión. En años recientes se han registrado ataques a comercios del estado, como bares, restaurantes y gasolineras.
David Saucedo, consultor temas de seguridad, comentó el domingo a la AFP que hay versiones de familiares de los jóvenes fallecidos en el sentido de que uno de los organizadores del evento, dedicado a este negocio, se había negado a pagar el denominado “derecho de piso” a los criminales.
Según cifras oficiales, desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas, se contabilizan más de 420 mil asesinatos en el país, la mayoría víctimas de hechos criminales.
LEO
