Las elecciones de jueces y magistrados han generado una de las discusiones más intensas y no es para menos, se trata de los encargados de trazar la frontera entre lo legal e ilegal.
En medio del debate han aparecido argumentos razonables y también falacias disfrazadas de preocupación democrática. Tres de ellas se repiten como mantras.
La primera es la más vieja del repertorio: los jueces deben quedarse porque llegaron por méritos, son parte de una carrera judicial garantizadora de conocimiento, profesionalismo y rectitud. Falso.
El hecho de que un juez haya pasado por un escalafón burocrático no lo vuelve incorruptible ni garantiza buen desempeño. Desde la década de los 80, el tema forma parte de la conversación y diversos estudios señalan que entre el 30 y 35 por ciento de los juzgadores han incurrido en actos de corrupción. La historia reciente exhibe a quienes por tecnicismos han liberado a criminales, frenado investigaciones de corrupción o descongelado cuentas.
¿Todos son así? No, pero tampoco es cierto que la carrera judicial sea un blindaje. Lo confirman las encuestas de percepción del INEGI: prácticamente el 40 por ciento de la población desconfía de los jueces.
Segunda falacia. El voto no garantiza mejores jueces. Eso es parcialmente cierto, pero se usa como condena absoluta. ¿Acaso el método actual lo garantiza? Además, el sufragio no excluye mecanismos de evaluación técnica. Las y los candidatos cumplen requisitos profesionales.
La tercera falacia es la más cómoda: como no me gusta el método, no participo. Me abstengo. Critico desde fuera. Me lavo las manos. Postura tan tentadora como inútil. No ir a votar no corrige el sistema, lo fortalece. Porque mientras los críticos se abstienen, otros sí votan. En democracia, no votar es una forma de renunciar al derecho de exigir. Es como quejarse de la comida sin haberse acercado al menú.
Esta mentira se vuelve aún más grave ante los datos concretos. El INE advierte que la participación ciudadana en la elección judicial podría no superar el 20 por ciento del padrón electoral. Ocho de cada diez estarían renunciando a su derecho de decidir quién impone justicia en su nombre.
Hay condiciones institucionales para garantizar un proceso en paz, con orden y vigilancia. En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada firmó un convenio con el INE y el Instituto Electoral de la CDMX para coordinar acciones en seguridad y prevención de delitos electorales.
Además, las líneas 9-1-1 y 089 del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) están abiertas para atender reportes por irregularidades.
La oportunidad es enorme. México tiene la posibilidad de dar un paso que pocos países han dado: democratizar la justicia.
@guerrerochipres
