Redacción
Durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, autoridades localizaron una fosa clandestina en una cancha de fútbol de la comunidad Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato. El hallazgo, ocurrido el 23 de mayo de 2025, se enmarca en las labores de búsqueda relacionadas con casos de desaparición en la región.
Medios locales han reportado la posible presencia de hasta 16 cuerpos en el lugar; sin embargo, los informes oficiales han confirmado el rescate de diez indicios humanos en avanzado estado de descomposición, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis e identificación. Hasta el momento, no se ha determinado la identidad ni el sexo de las víctimas. La zona, que se encontraba deshabitada, permanece bajo resguardo para facilitar las labores periciales.
Este hecho se suma a una tendencia creciente de hallazgos similares en el estado. De 2009 a 2024, se han registrado más de 660 fosas clandestinas en al menos 33 municipios de Guanajuato, con un saldo de mil 245 cuerpos recuperados. Estos datos reflejan el impacto sostenido de la violencia relacionada con la actividad del crimen organizado.
La disputa territorial entre grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima ha provocado un incremento de desapariciones, homicidios y agresiones, lo que ha generado un entorno de alta inseguridad para la población civil.
De acuerdo con registros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, más de 5 mil 500 personas han sido reportadas como desaparecidas en la entidad hasta 2025. La comisión ha desplegado esfuerzos de localización y acompañamiento a familiares, aunque enfrenta serias limitaciones operativas, como la escasez de recursos, la falta de personal especializado y dificultades en el acceso a información oficial.
A este panorama se suma una crisis forense persistente. En las instalaciones de la fiscalía permanecen más de 900 cuerpos sin identificar, lo que subraya la insuficiencia en la capacidad institucional para responder ante la magnitud del problema. La falta de infraestructura adecuada y la carencia de un marco legal ágil para la identificación de restos humanos complican aún más la atención de este fenómeno.
En paralelo, colectivos ciudadanos de búsqueda han desempeñado un papel clave en la localización de fosas y restos humanos. Su participación ha sido constante, aunque no exenta de riesgos, ya que operan en contextos de amenaza e inseguridad, muchas veces sin el respaldo adecuado de las autoridades.
