La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exhortó al Gobierno capitalino a emitir una disculpa pública a los residentes de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón afectados por la contaminación de agua con Diésel, en abril de 2024.
El diputado local del PAN, Federico Chávez, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a ofrecer una disculpa pública, luego de que la Secretaría de Protección Civil confirmó la presencia de diésel en el vital líquido.
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En su propuesta, recordó que fue en abril de 2024 que vecinos de 12 colonias en Benito Juárez denunciaron que el agua potable que llegaba a sus domicilios tenía un olor a combustible y en algunos casos comenzaba a generar reacciones en la piel.
Foto: Cuartoscuro | Vecinos de 12 colonias en Benito Juárez denunciaron que el agua potable que llegaba a sus domicilios tenía un olor a combustible.
Gobierno de la CDMX desestimó testimonio de vecinos por contaminación de agua: PAN
Detalló que un principio, el Gobierno de la Ciudad de México desestimó los testimonios de los vecinos y en un reporte el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que realizó una revisión exhaustiva de los pozos que abastecen a la zona afectada y no se había encontrada ninguna fuente de contaminación en el agua.
No obstante, semanas después el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció que había un problema de contaminación, pero descartó riesgo de explosiones.
Posteriormente, se informó que la fuente del problema era el pozo Alfonso XIII, el cual se encuentra localizado en la alcaldía Álvaro Obregón y Sacmex declaró la información relativa a las pruebas realizadas al agua contaminada como reservadas.
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Fue hasta más de un año después, el 16 de mayo de 2025, que la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa confirmó que el contaminante que se encontraba en el agua contaminada era diésel.
Finalmente, el diputado Chávez denunció que al mantener la información sobre la contaminación en un ámbito restringido y privado, Sacmex y el Gobierno capitalino no solo fallaron en su deber de transparencia, sino que también expusieron a la población a un riesgo adicional al no proporcionar directrices claras sobre el uso del agua contaminada.