Lilia González
En respuesta al incremento del delito de despojo, el cual afecta directamente el patrimonio de la ciudadanía, el Congreso Local analiza en comisiones tres iniciativas y un punto de acuerdo para agravar penas y mejorar las estrategias para atender a víctimas.
Las iniciativas fueron presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano para agravar penas, mientras que el Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para proteger los bienes patrimoniales de la población.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, José Francisco Vázquez Rodríguez señaló que ya trabajan en propuestas que fortalezcan los mecanismos legales de defensa de la propiedad y advirtió la necesidad de que la ciudadanía tenga sus papeles en regla para que pueda denunciar estos ilícitos.
También recordó que el despojo ya está tipificado en el Código Penal (con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa), pero que, ante el incremento en el número de casos, es necesario mejorar el marco legal y facilitar que se denuncie y se sancione.
Las iniciativas sobre este tema, dijo, podrían analizarse en un periodo extraordinario, al existir consenso sobre el tema.
¿Cuáles son las propuestas en análisis?
La propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) es que el despojo sea considerado un delito grave y que las penas vayan de los 5 a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o a través de intimidación. Adicionalmente, contempla acelerar los procedimientos judiciales para la restitución de la posesión cuando la persona denunciante acredite la propiedad del inmueble.
La propuesta de José Miguel Gutiérrez Morales es sancionar el delito sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. Propone ampliar los supuestos jurídicos en este delito, reconociendo, además de los vigentes, el desvío o uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley no lo permita, el uso de una persona del derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, así como ejercer actos de dominio que lesionen un derecho legítimo de la persona usuaria de dichas aguas.
De la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes formuló penas de hasta 25 años de prisión y de 500 días multa a la persona responsable de este delito, considerando agravantes como en el caso de que se trate de la ocupación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola, por parte de personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.
