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Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ), se quedará en prisión y será procesada por el caso Ayotzinapa.

La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, Raquel Duarte, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas iniciales suficientes para procesar a la exfuncionaria por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

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Durante su proceso penal, la magistrada seguirá en prisión en el Cefereso 16, con sede en Coatlán del Río, en Morelos, aunque su defensa podría promover una apelación para solicitar el cambio de medida cautelar.

Foto: Red Social X @saulm38 | La exmagistrada se quedará en prisión en el Cefereso 16, con sede en Coatlán del Río, en Morelos.

Se acusa a Lambertina Galeana de destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre

Se le acusa de la presunta destrucción de los videos de cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre y primeras horas del 27 de septiembre.

De conservarse ese material, se contarían con videos del ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, así como detalles de cómo los policías municipales los interceptaron.

El pasado 14 de mayo, a la exmagistrada se le detuvo en Chilpancingo, debido a su presunta responsabilidad por la destrucción de los videos y la pérdida de equipo.

Detenida Lambertina Galeana, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de ordenar la destrucción de videos de la noche cuando desaparecieron los 43 normalistas. pic.twitter.com/27ki5z0jfA

— Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) May 14, 2025

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Las indagatorias del Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) indican que seis cámaras de vigilancia se extraviaron y los videos los destruyeron.

La magistrada Galeana tenía el estatus de jubilada al momento de su detención, tras los incidentes de 2014 se mantuvo en su puesto y 10 años después se le procesaría por su presunta responsabilidad en la destrucción de videos.

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