A cuatro meses de haber asumido el poder, Donald Trump consolidó una de las ofensivas más agresivas contra la migración irregular en la historia reciente de Estados Unidos. Con el argumento de restaurar el “imperio de la ley”, su administración articuló un entramado de vigilancia, coerción legal y uso estratégico de datos personales que intensificó el clima de temor entre millones de inmigrantes y sus comunidades.
En el centro de esta arquitectura se encuentra un sistema de registro obligatorio que obliga a todo inmigrante indocumentado mayor de 14 años a proporcionar sus huellas dactilares al gobierno.
Quienes se nieguen enfrentan multas o incluso penas de cárcel. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habilitó una aplicación que también permite notificar salidas voluntarias del país, promoviendo una forma de “autodeportación”.
Te puede interesar: Iglesia alza la voz por crimen de los 7 jóvenes; ‘no hay paz’
Este modelo de control no se limita al monitoreo directo. A través de una cooperación sin precedentes entre agencias, el DHS accede a información fiscal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), mientras que el número de Seguro Social se convirtió en un instrumento migratorio.
Además, se coordina con empresas privadas para realizar inspecciones laborales sorpresivas, como ocurrió en Washington, donde agentes armados irrumpieron sin orden judicial en restaurantes.
Protestas por Trump
El cerco también se extiende a universidades. Las autoridades arrestaron a líderes estudiantiles como Mahmoud Khalil tras su participación en protestas propalestinas.
Investigaciones por presunto antisemitismo derivaron en interrogatorios a empleados sobre su fe, lo que despertó críticas entre académicos que compararon con otros episodios represivos del siglo XX.
Incluso el sistema de salud de Trump fue tocado por esta lógica de vigilancia. El secretario de Salud anunció un registro de enfermedades que incluye a personas con autismo, y los Institutos Nacionales de Salud comenzaron a recolectar datos médicos.
Aunque no hay pruebas de que estos datos se usen con fines migratorios, su incorporación en otros cruces de información levanta alertas.
