La falta de datos sistematizados y la débil coordinación institucional impiden conocer con certeza cuántos de esos casos corresponden a población migrante
REDACCIÓN
Ciudad de México.- Entre 72 mil y 120 mil personas migrantes, la mayoría originarias de Centroamérica, habrían desaparecido en México entre 2006 y 2016, según cifras referidas en el informe “Mecanismos transnacionales existentes para la búsqueda e investigación en casos de personas migrantes desaparecidas”.
A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas estima que, desde 1964 hasta el 11 de septiembre de 2024, en México se reportaron 329 mil 627 personas desaparecidas, de las cuales 115 mil 462 siguen sin ser localizadas.
La falta de datos sistematizados y la débil coordinación institucional impiden conocer con certeza cuántos de esos casos corresponden a población migrante. La crisis de desapariciones se ha agudizado en los últimos años, en paralelo al incremento de los flujos migratorios que cruzan el país rumbo a Estados Unidos.
El Laboratorio de Justicia y Política Criminal, en colaboración con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señala que quienes migran desde Guatemala, El Salvador y Honduras lo hacen huyendo de la violencia, la pobreza extrema, el desempleo y los efectos del cambio climático.
Estas condiciones los obligan a desplazarse bajo altos niveles de inseguridad, guiados en muchos casos por redes de tráfico humano que operan con la complicidad de grupos delictivos e incluso con la colusión de autoridades.
Aunque México y países del Triángulo Norte han avanzado en la creación de marcos jurídicos para enfrentar este fenómeno, la aplicación práctica de las leyes es limitada. El informe retoma las advertencias del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que en 2019 documentó 1,363 desapariciones forzadas en México con participación de agentes estatales; hasta 2021, sólo 365 investigaciones habían sido iniciadas, con apenas ocho personas localizadas con vida.
La crisis de desapariciones forzadas en el país se agrava ante la ausencia de investigaciones efectivas, la inacción en las labores de búsqueda y la precariedad de recursos para las familias.
Además de vulnerar derechos fundamentales, la desaparición de una persona impacta gravemente la salud mental de sus allegados, desestructura hogares y erosiona el tejido social. “Los efectos de la desaparición no sólo atañen a la dignidad de la persona desaparecida, afectan también con sus secuelas la economía del hogar e incluso la condición jurídica de sus familiares”, advierte el Laboratorio de Justicia.
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