Lilia González
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) efectúo dos Foros de Debate entre candidaturas a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ausentándose de este ejercicio democrático dos candidatos: Isael Abif Montoya Arce Nava y Rafael González Oses Cerezo.
En suma, participaron de manera presencial 11 de las 13 candidaturas que aspiran al cargo. En el primer debate participaron cuatro aspirantes: Pablo Espinosa Márquez, Joel Alfonso Sierra Palacios, Marco Antonio Nava y Navas, y Mario Luis Rojas Serrano.
En el segundo ejercicio siete: Juana Dávila Flores, Erika Icela Castillo Vega, Martha Alicia Flores Cordero, Héctor Macedo García, Luis Fernando Camacho Lupercio, Cristian Jovani Ramos Quintero y Luis Alberto García Gutiérrez.
En este ejercicio democrático que busca reforzar la emisión de un voto razonado e informado, las candidaturas tuvieron la oportunidad de dar a conocer su perfil y trayectoria profesional, así como algunas propuestas, destacando la necesidad de mejorar la impartición de justicia y fortalecer al Poder Judicial, hacerlo más cercano y eficiente.
También recalcaron la necesidad de impulsar reformas para mejorar su función, pues aseguraron que actualmente se tiene un Poder alejado de la ciudadanía, sin credibilidad y señalado por cometer actos de corrupción.
Los foros se conformaron de dos bloques; en el primero pudieron exponer su visión de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, en el segundo cada candidatura pudo responder un tema específico que fue sorteado.
Lo que se les pregunto a los participantes del primer ejercicio fue ¿Qué acciones implementarían para maximizar los derechos de los grupos históricamente discriminados?, en tanto a los participantes del segundo debate fue ¿Qué medidas impulsaría para garantizar la independencia del Poder Judicial frente a otros Poderes, actores políticos o diferentes grupos de interés?
Ante ello, respondieron que se requiere firmeza, evitar el nepotismo, lograr que los justiciables tengan confianza en que las resoluciones se encuentran ajustadas a derecho e impulsar la profesionalización de las personas servidoras públicas judiciales, la transparencia, capacitación constante y continua, así como una reingeniería administrativa.
