Redacción
El gobierno de México formalizó su intención de solicitar a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, así como de su esposa, Linda Cristina Pereyra. Ambos enfrentan procesos pendientes en territorio mexicano por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.
Esta decisión se tomó luego de que García Luna fuera declarado culpable por delitos vinculados al narcotráfico en una corte estadounidense. A pesar de que el exfuncionario se encuentra bajo custodia en ese país, las autoridades mexicanas consideran indispensable su regreso para ser juzgado por actos ilícitos cometidos durante su gestión en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, inició acciones legales desde 2021 y argumentó que García Luna y Pereyra no respondieron a las demandas presentadas en Estados Unidos, lo que ha sido interpretado como una aceptación tácita de las acusaciones.
El gobierno mexicano también emprendió una demanda civil ante una corte de Florida con el objetivo de recuperar los activos presuntamente adquiridos con recursos desviados del erario. Entre estos bienes figuran propiedades en la ciudad de Miami, cuya adquisición habría sido posible mediante contratos fraudulentos.
La UIF sostiene que la red encabezada por García Luna desvió alrededor de 746 millones de dólares mediante esquemas de corrupción. Parte de esos recursos habrían sido transferidos a cuentas y propiedades en el extranjero, lo que motivó la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear el destino del dinero.
En paralelo, otras personas implicadas en este caso comenzaron a buscar acuerdos con el gobierno mexicano. José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Seguridad Pública, y su esposa accedieron a pagar 330 mil dólares como compensación. Los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan en conversaciones con las autoridades para evitar procesos judiciales.
Una jueza estadounidense validó la demanda civil presentada por México, lo que permitirá avanzar con la solicitud de reparación del daño y eventual devolución de bienes. Si se aprueba la extradición, García Luna y su esposa enfrentarán cargos en tribunales mexicanos por los delitos que se les atribuyen.
