Expertos y activistas denuncian que el proceso será discriminatorio, con boletas inaccesibles y plataformas digitales sin ajustes adecuados
DIEGO RAYA
CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de un mes de la inédita elección al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) no tomó en cuenta a un sector de la población y, por lo tanto, el proceso será uno de los más inaccesibles, discriminatorios y excluyentes para personas con discapacidad.
Claudia Zavala, consejera del instituto y presidenta de la Comisión de Igualdad, admitió que múltiples omisiones vulnerarán el derecho de este sector a un voto libre y autónomo.
Entre las fallas principales encontradas en los micrositios habilitados para informar sobre la elección —”Conóceles”, “Práctica tu voto” y “Ubica tu casilla”— Diario Basta! detectó que no fueron desarrollados desde un inicio con perspectiva de accesibilidad.
Aunque el INE trabaja para corregirlo, las personas con discapacidad apenas tendrán 28 días para informarse, mientras que el resto de la ciudadanía tuvo dos meses.
En entrevista con Javier Munguía, especialista en materia de inclusión a personas discapacitadas, detalló que la omisión del INE a este sector de la población es directamente discriminatoria y excluyente.
En cuanto a la jornada electoral, tampoco se contarán con boletas accesibles. No habrá máscaras Braille ni sellos para personas con discapacidad motriz, ya que las boletas requieren escribir números de dos dígitos para seleccionar múltiples candidaturas.
Aunque organizaciones como el Organismo Promotor para los Derechos de las Personas con Discapacidad Visual propusieron cuadernillos en Braille y macrotipo, el INE rechazó la alternativa por razones técnicas, logísticas y de presupuesto, a pesar de que su costo representaba solo el 0.7% del presupuesto total.
La consecuencia directa será que las personas con discapacidad que deseen votar deberán acudir acompañadas de alguien de su confianza, en condiciones que limitan su autonomía.
Cabe recordar que en la Ciudad de México residen 511 mil 416 personas con discapacidad mayores de 18 años, de acuerdo con datos del Censo 2020 del INEGI, quienes enfrentarán un escenario de exclusión y discriminación en este ejercicio democrático, a pesar de su importancia histórica para la renovación del Poder Judicial.
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