Los señalados fueron secretarios de estado, pertenecieron a las estructuras de oposición, fueron legisladores y cubrieron las irregularidades en denuncias por corrupción
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- El proceso de la elección judicial ha permitido que se postulen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), candidatos ligados a la derecha que representan el PRI y el PAN, pues en los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012), ocuparon altos cargos que les permitió encubrir la corrupción de sus gestiones a nivel federal, estatal o legislando a su favor.
Entre los nombres que resaltan se encuentra Marisela Morales, Procuradora General de la República (PGR ahora FGR) entre 2011 y 2012 y cónsul de México en Italia durante el siguiente sexenio peñista.
En las campañas judiciales, ha tratado deslindarse de la oposición que representó por varios años, señalada por hacer cobros ilegales en las recompensas.
Mauricio Tortolero fue coordinador de asesores de la Secretaría de Economía de Calderón entre 2010 y 2012, periodo que en el siguiente gobierno fue señalado de desfalcos millonarios.
También aspiran a la SCJN, Dora Martínez Valero abogada de Televisa en temas electorales y diputada federal del PAN mientras dominaba entre 2006-2009, quién se promociona como alguien cercana a la gente, pero que también legisló para favorecer a la televisora por su cercanía con Emilio Azcárraga Jean.
Del sexenio de Peña Nieto, buscan seguir en la función pública, pero desde el Poder Judicial de la Federación (PJF), Sara Irene Herrerías, exsubprocuradora de Derechos Humanos en la PGR entre 2012-2018, periodo en el que se detectaron crímenes de estado como la desaparición de los 43 normalistas. En investigaciones se ha destacado que su oficina tiene hasta 90 por ciento de impunidad.
Luz María Zarza fue parte del gobierno de Eruviel Ávila (2011-2017) en el Estado de México como Consejera Jurídica, dónde encubrió la corrupción en la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, las concesiones para el Aeropuerto de Texcoco y el Tren Interurbano.
También compiten magistrados que han beneficiado a la oposición como Ricardo Sodi Cuéllar, expresidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) postulado por Alfredo del Mazo en 2020 y que dejó en 2024.
En su tiempo se buscó un juicio político en su caso por tortura y detenciones arbitrarias, gastos excesivos y redes de corrupción dentro del PJEM. Mientras que Arely Reyes Terán, actual presidenta del Tribunal Judicial de Justicia Administrativa en Puebla, ha recibido denuncias por nepotismo al promover gente cercana y sin preparación.
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