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La Cámara de Diputados reformó la Ley General de Turismo en lo general y en lo particular para castigar y prevenir el abuso sexual y explotación infantil en los destinos turísticos de México, con 451 votos a favor se avaló el dictamen.

La reforma señala que los prestadores de servicios turísticos deberán efectuar protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes que, priorizando el interés superior de la niñez, permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

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Para ello deberán requerir a los turistas que sean acompañados por menores de edad, acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los menores, en su caso, acreditar su mayoría de edad a través de documentos oficiales, de lo contrario, se les deberá negar el servicio y se dará aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito.

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Van contra explotación infantil con reforma

La diputada Rocío Abreu de Morena, refirió que la Organización Mundial del Turismo, estima que alrededor de 16 mil a 20 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual cada año y México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de turismo infantil, únicamente superado por Tailandia

“Esto no es una estadística, se traduce en vidas rotas, como muestran los datos de la Secretaría de Salud en 2024. Que reportan la atención de 8 mil 775 menores por lesiones derivadas de violencia sexual”, agregó.

Además, cerca de 600 mil depredadores sexuales extranjeros, vienen al país por esta razón. Se concentran en puntos identificados como destinos turísticos importantes como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Playa del Carmen y Tijuana.

“Detrás de cada niño hay una historia de terror. Hay un niño, una niña, un adolescente cuya infancia fue robada, cuya confianza fue traicionada, cuya vida quedó marcada para siempre y le fue arrebatada. Lo indignante es que, como señalamos, esta tragedia se ha normalizado. Aún existen casos donde algunos prestadores de servicios turísticos, lejos de ser guardianes, se convierten en cómplices, facilitadores de información a estos criminales. Esto tiene que parar. ¡Ya basta!”, expresó la legisladora.

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