El pleno de San Lázaro aprobó en lo general la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, con 330 votos a favor y 129 en contra.
El dictamen va por la Llave Mx que se asocia al CURP y de datos Biométricos. A su vez, las entidades federativas podrán implementar mecanismos de autenticación de las personas en medios digitales locales, siempre que la autoridad local garantice su interoperabilidad con Llave MX, en los términos que establezca la autoridad nacional.
Aprueban Ley Nacional de Trámites Burocráticos
Asimismo, elimina la Ley General de Mejora Regulatoria y extingue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Los diputados del PRI, PAN Y MC advirtieron que la nueva ley es una violación de datos personales con la creación de la Cuenta Digital, asociada a la CURP, también centraliza las facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para implementar, supervisar y vigilar la aplicación de la ley.
La reforma refirió que la Llave MX como el inicio de sesión único en todas las Soluciones Tecnológicas que desarrollen o administren para Trámites y Servicios digitalizados
El dictamen señaló que el modelo nacional establece una reingeniería para la administración y gestión pública simplificación, digitalización, homologación e interoperabilidad de trámites y servicios.
A través del uso de herramientas como el Portal Ciudadano Único y Llave MX, se garantiza un acceso más transparente, seguro y accesible a los servicios, eliminando intermediarios innecesarios y espacios de discrecionalidad.
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Reacciones
La diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que el modelo planteado en la ley ha fallado en otros países por su excesiva centralización, cuestionó que pasará en caso de un fallo o hackeo a la Llave MX.
“Al centralizar todos los accesos de todas las plataformas del gobierno nacional, estatales y municipales, una sola falla en Llave MX generará el colapso total de todos los sistemas públicos. Esto ya pasó en Costa Rica y el Banco Mundial alertó entonces sobre los riesgos de concentrar infraestructuras críticas en un único sistema gubernamental”, externó.
Recalcó que la imposición de lineamientos tecnológicos únicos, la expropiación digital de toda solución tecnológica creada alguna vez en el país para la digitalización de trámites y su concentración en un repositorio nacional, no hay apertura para un sano ecosistema de innovación.
Por su parte, Ofelia Socorro Jasso Nieto, diputada federal del PRI, afirmó que el dictamen es un retroceso autoritario centralista y perjudicial para la democracia, al querer vender la idea que eliminarán trámites innecesarios
“Quieren imponer un modelo nacional uniforme, construido desde la visión del Ejecutivo Federal, atentando directamente contra el federalismo que nuestra Constitución consagra”, añadió.
Manifestó que se empodera una super agencia tecno burocrática, la llamada Agencia de Transformación Digital, con facultades absolutas y sin contrapeso alguno.
“Una estructura gigantesca de poder, sin control judicial efectivo, sin fiscalización ciudadana y al servicio de los intereses dictatoriales del oficialismo. Concentrará todos los datos personales, registros y documentos de los ciudadanos imponiendo el uso obligatorio de notificaciones electrónicas, sin respetar la voluntad ni los derechos de las personas. Nos quieren hacer creer que esto es modernización, cuando en realidad es control y vigilancia masiva”, subrayó.
En tanto, Saúl Téllez, diputado del PAN, declaró que se dan facultades excesivas a la Agencia de Transformación Digital, ya que rompe esferas de competencia en órdenes de gobierno y vulnera la autonomía de los estados y de los municipios y se destruye el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y todos los consejos y sistema estatales que brindaron, durante 25 años, grandes avances en temas de simplificación de trámites ante el gobierno.
“El segundo dardo envenenado es el desmantelamiento de figuras de participación ciudadana. Por eso decimos que esta iniciativa es completamente una iniciativa que censura a la sociedad civil, reduce en el análisis de impacto regulatorio, quitan, fíjense, nada más, la obligación de la presidenta de someterse a la evaluación, de que todo decreto, iniciativa, políticas, acuerdos, tengan que ser sometidos a la evaluación ciudadana”, agregó.
