Redacción
Las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la nueva Ley de Telecomunicaciones, impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. La oposición, integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra al considerar que la iniciativa abre la puerta a la censura y al control centralizado de los medios digitales.
Con 29 votos a favor y nueve en contra, el proyecto avanza hacia el pleno del Senado, donde se discutirá la próxima semana. En caso de obtener el respaldo de la mayoría, se turnará a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
El documento propone otorgar mayores atribuciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva entidad que asumiría funciones regulatorias actualmente en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Entre sus facultades se encuentra la de supervisar contenidos digitales y bloquear el acceso a plataformas bajo ciertos criterios, lo que ha encendido las alarmas entre legisladores opositores y organizaciones especializadas.
Diversos senadores expresaron su preocupación por el artículo 109 del dictamen, que establece la posibilidad de restringir contenidos en plataformas digitales bajo el argumento de seguridad nacional o interferencia extranjera. Según legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, esta disposición se presta a una interpretación amplia que podría derivar en censura y en la concentración del poder comunicacional en una sola instancia gubernamental.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) también ha manifestado su rechazo al proyecto. En un comunicado, señaló que varias disposiciones del dictamen contravienen los compromisos internacionales adquiridos por México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Entre los puntos más críticos, el IDET identificó la falta de independencia del nuevo regulador, el riesgo de monopolios estatales y la posible censura de información electrónica de origen extranjero.
La organización también advirtió que el diseño institucional de la ATDT podría generar conflictos con otras dependencias del Ejecutivo Federal, además de contradecir reformas constitucionales recientes. Consideró que, de mantenerse el proyecto en sus términos actuales, las nuevas normas estarían en riesgo de ser impugnadas judicialmente por operadores de telecomunicaciones.
En cuanto al contenido de la iniciativa, el IDET aseguró que no se trata de una propuesta innovadora, sino de una adaptación deficiente de la reforma de 2014, sin una visión clara sobre los retos tecnológicos actuales, como la inteligencia artificial y la demanda de servicios digitales asequibles.
Tanto legisladores como expertos han solicitado que se abra el debate a más voces mediante foros públicos que incluyan a especialistas, académicos y representantes del sector tecnológico. La discusión sobre el futuro de las telecomunicaciones en México, sostienen, requiere mayor profundidad y participación antes de aprobar un cambio legal de tal magnitud.
