A 38 días de la elección judicial, la JUFED reiteró su petición de una intervención extranjera porque de lo contrario “México será un Estado capturado”.
En comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) hizo “un llamado urgente” a la comunidad internacional para que “conozcan” los efectos del desmantelamiento del Judicial y su impacto en la democracia.
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“México vive un momento crítico. El Estado de Derecho está en riesgo de desaparecer bajo la apariencia de una elección democrática. No se trata de modernizar la justicia: se trata de entregarla (…) Alzamos la voz porque aún hay tiempo para impedir que México se convierta en un Estado capturado”, indica la organización.
#COMUNICADO Expresamos una firme condena y preocupación ante recientes
declaraciones, en las que se ha reconocido
que entre los candidatos propuestos para integrar el Poder Judicial por medio de elecciones, se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado. pic.twitter.com/LoTZPlJ4ch
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) April 23, 2025
JUFED se pronuncia
Este miércoles, la Asociación, obviando que el presidente del Senado señaló que la mayoría de las candidaturas improbas a la elección del 1 de junio se propusieron por el Judicial, condenó los dichos del legislador, las cuales consideró como prueba en contra de la reforma a dicho poder.
“La JUFED expresa su más firme condena y preocupación ante las recientes declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien ha reconocido públicamente que entre los candidatos propuestos para integrar el Poder Judicial por medio de elecciones se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado. Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que JUFED ha advertido desde el inicio: la reforma judicial impulsada por el actual Gobierno Federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”, señala el documento de la organización.
Injerencismo de EU
Además, la JUFED presumió que sus denuncias se acompañaron por organismos internacionales como la ONU e, incluso, por los dichos del exembajador de EU en México, Ken Salazar, pese a que la Presidencia anterior y la actual los calificaron como injerencismo.
“El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue claro y enfático: ‘a los cárteles de la droga les resultará más fácil infiltrarse en el poder judicial de México si se aprueba un plan para que los jueces sean elegidos por voto popular'”, citó la Asociación.
El comunicado de la Asociación de Jueces se da a 13 días de que el grupo arremetiera por primera vez contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -encabezado por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña- por no pagar la indeminizaciones a los jueces que renunciaron antes de que se implementara la reforma judicial.
“En una nueva violación de derechos, el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado, lo que implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares”, acusó la organización el 10 de abril.
Incluso, elevó el tono y le exigió al órgano que encabeza Piña Hernández que pague de inmediato los recursos comprometidos o, en su caso “se de la razón que funde y motive dicha imposibilidad para realizar el pago correspondiente, a efecto de que esta Asociación pueda determinar lo procedente”.
Más acusaciones
JUFED acusa que recursos de fideicomisos de Nacional Financiera se transfirieron a la Federación
El reproche de la Asociación, una de las principales opositoras a la reforma judicial, y defensora de la Judicatura y la actual conformación de la Corte, se da en el contexto de que Nacional Financiera transfirió a la Federación los recursos de los fideicomisos que operaba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Lo anterior fue dado a conocer por la propia Judicatura en un comunicado difundido este jueves; el órgano judicial acusó que “fue sin su consentimiento”.
Apenas en enero, la Asociación esgrimía una intensa defensa de la Judicatura. En un comunicado del 21 de ese mes acusaba al Gobierno de “asfixiar” al Consejo con el presupuesto asignado.
“La JUFED denuncia enérgicamente la estrategia de asfixia presupuestal planeada y operada por los poderes Legislativo y Ejecutivo, para recortar en más de 13 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Esto afecta directamente la operatividad de los juzgados y tribunales federales y, por ende, el acceso de los ciudadanos que buscan la protección de sus derechos”.
“Con un presupuesto aprobado de apenas 62 mil millones de pesos para el ejercicio 2025, se ha dejado al PJF en una situación crítica al reducir en un 17.1% los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de los tribunales. Este recorte se traduce en menor personal, recursos insuficientes y la imposibilidad de atender con eficiencia los casos judiciales”, acusaba en ese entonces
