Cayeron en el corporativismo moreno para sobrevivir.
Merced a esta actitud obsecuente e interesada han preservado sus organizaciones, sus cuotas, su poder y sus intereses allende su misión laboral y la protección de los trabajadores.
Ahora su obligación es responder y asegurar el éxito relativo de la elección para acabar con el Poder Judicial independiente como lo conocemos y sustituirlo por uno bajo pedido.
Por eso los dirigentes, llámeles presidentes de confederaciones, secretarios generales de sindicatos o cualquier otra denominación, son convocados a oficinas de poder.
¿Cuántos agremiados han afiliado a Morena para cumplir la meta base de diez millones de afiliados como lo desea el representado por Andrés Manuel López Beltrán, Andy?
Porque el secretario de Organización de ese cuerpo partidista de Estado e hijo de Andrés Manuel López Obrador no se manda solo y tiene una misión.
Por esa vía, el colectivismo antaño tan criticado en el PRI por la izquierda y la derecha se reinstitucionaliza en tiempos cruciales del segundo piso tetrateísta.
TEMOR AL FRACASO
¿Qué se les exige ahora?
Si su reporte no es convincente, se les ordena acelerar el paso y por eso acuden a centros de trabajo y domicilios personales a sumar trabajadores a la maquinaria electoral oficial.
Si son convincentes, se les instruye a capacitar a sus huestes sobre cómo llenar las diferentes boletas y a movilizarlas hacia las urnas en la elección judicial de junio.
A cada uno se le asignan cuotas y deben responder por ellas para saturar casillas y desbordar ánforas aunque los centros de emisión sean insuficientes por la cicatería morenista hacia el instituto organizador.
No se quiere un fracaso.
Deben palidecer las cifras de abril del 2022, cuando Andrés Manuel Lopez Obrador quiso demostrar su gran popularidad y su éxito presidencial con el primer ensayo de revocación de mandato.
De acuerdo a los datos finales del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova, participó 17.77 por ciento del padrón de 92.8 millones de ciudadanos.
Con base en previsiones demoscópicas propias, su sucesora Guadalupe Taddei estima una participación menor, entre 12 y 15 por ciento del padrón cercano a los 100 millones.
¿Cómo elevarlo a 20 ó 25 millones?
Para eso han acelerado su campaña el gobierno, Morena y el engranaje gremial del país, los sindicatos de Estado por delante con promesas de Luisa María Alcalde de otorgar “grandes beneficios” a quienes cumplan.
Enorme e innecesario operativo para no computarse in situ el fruto del acarreo ni contar con supervisión ciudadana.
SIN AGUA PARA EU
México puede librar las presiones de agua de Donald Trump.
¿Cómo?
Simple: basta hacer respetar el Tratado de Aguas de 1944, dice el exgobernador de Chihuahua Patricio Martínez, quien enfrentó presiones similares en su mandato.
La defensa debe hacerla el gobierno mexicano y no los estados, aclara en carta al secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, quien propone oponerse porque su estado no es parte del tratado.
“Ninguna entidad federativa lo es. Ni Chihuahua ni Coahuila, por si se pretendiera concluir que otras sí lo son”, dice en la misiva.
Martínez García propone responder como en reclamos anteriores: ceñirse al acuerdo porque “México no debe agua, no paga agua, no roba agua… Si el río (Bravo) no la tiene porque no está lloviendo, no hay líquido a repartir”.
@urenajose1
