El Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que Morena lleva a cabo un programa de afiliación masiva ilegal y acusó de coaccionar a ciudadanos para sumarse a sus filas a través del uso de programas sociales y recursos públicos.
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En la queja presentada, se denuncia: violación al derecho de afiliación libre e individual, afiliación corporativa, uso de recursos públicos para favorecer a ese partido y el condicionamiento de los programas sociales.
“No solo atenta contra la libertad de asociación y autodeterminación política de los ciudadanos, sino que además distorsiona el sistema de partidos y debilita la confianza en las instituciones democráticas”, señala la queja.
Acusó a Morena de “condicionar la entrega de programas sociales, como pensiones, becas o apoyos alimentarios, a la afiliación a Morena, configura un uso ilegal, parcial y electoral de recursos públicos, contrario a los principios de imparcialidad y legalidad, y debe ser sancionado como tal”.
El CEN del PRI informó que existen registros públicos que muestran cómo planteles educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se utilizan para convocar, invitar y afiliar a padres y madres de familia a Morena. Esta práctica resulta inadmisible desde el punto de vista político y viola de forma directa el principio de imparcialidad electoral.
Foto: Especial
Precisó que la apertura de escuelas de la SEP como espacios para actos de afiliación partidista configura el uso ilícito y parcial de recursos públicos federales.
“Su utilización para fines político-partidistas constituye una desviación de poder y una afectación directa al principio de neutralidad e imparcialidad institucional”, dijo.
Refirió que la Constitución establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
Por ello, advirtió que las escuelas son operadas por personal federal, entre directores, maestros y personal administrativo, quienes actúan como servidores públicos conforme al Artículo 108 constitucional, y “la utilización de su tiempo, trabajo o influencia jerárquica en estos actos partidistas agrava la falta”.
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Por otra parte, destacó que la afiliación corporativa carece de validez jurídica, ya que es un derecho personalísimo de cada ciudadano decidir si desea pertenecer o no a un partido, conservar esa pertenencia o incluso desafiliarse.
