¡Vaya, vaya! Se esperaba que la lucha entre las tres ministras del bienestar por la presidencia de la futura Corte fuera feroz, pero ya estamos viendo una auténtica guerra de lodo.
En lo que va de la campaña, no solo ha revivido con gran fuerza el tema del plagio de la tesis de Yasmín Esquivel y se ha dado vuelo, merecido por cierto, a las “formas’’ nada sutiles de conducirse de Lenia Batres, cuyo desconocimiento de leyes y procedimientos es proverbial.
Ayer le tocó el turno a la tercera en disputa, Loretta Ortiz Ahlf, cuyo nombre aparece, junto con el de su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas, en una denuncia por presunto tráfico de influencias presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Ortiz es señalada por buscar beneficiar a Rafael Zaga Tawil, empresario prófugo de la justicia por su participación en el desfalco de 5,000 millones de pesos al Infonavit, en tiempos de Enrique Peña.
Zaga demandó a Actinver por un movimiento de 1,000 millones de pesos; el caso llegó a la Corte y ahí Ortiz Ahlf anticipó que votaría a favor del empresario acusado de corrupción.
La ministra utilizó sus redes sociales para defender su trayectoria, pero el hecho de que sea la SEC y no las autoridades mexicanas quienes llevan a cabo la investigación, concede otra dimensión a la acusación.
Sus partidarios creen que se trata de fuego amigo, lo que podría ser cierto.
Pero no estaría sujeta a este escrutinio público si hubiera cuidado sus declaraciones, las mismas que ahora arrojan dudas sobre la indispensable imparcialidad que debe tener un ministro o ministra de la Corte.
Se están poniendo bravas.
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Ayer, por fin, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo la primera reunión, en años, con los colectivos de madres buscadoras.
Se trata sin duda de una nueva visión, más cercana a las víctimas, contraria a la que se aplicó todo el sexenio de López Obrador, en donde jamás encontraron eco ni respaldo.
Rodríguez fue empática con las madres buscadoras y ofreció no solo el respaldo necesario del Gobierno a su lucha, sino la posibilidad de que las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores para combatir la desaparición forzada, sean enriquecidas con sus aportaciones derivadas de su amplia experiencia en el campo.
Lo deseable es que este tipo de reuniones no sea flor de un día, y que finalmente haya coordinación interinstitucional para combatir este delito, sino también con las organizaciones que llevan años en busca de sus seres queridos y justicia.
Bien.
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Por cierto, mientras la secretaria de Gobernación se reunía con un grupo de madres buscadoras, Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, sostuvo una reunión con la senadora Lilia Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación.
Flores se ha negado a dialogar con algún representante del gobierno y decidió no acudir a la reunión en la Secretaría de Gobernación.
En cambio, acudió al Senado en donde, después de la cita con Lilia Valdez, declaró que cuando cuando el secretario de Gobernación era Adán Augusto López, este le ofreció protección personal ante las amenazas de muerte (que sigue recibiendo) a cambio de que dejará de buscar a su hijo desaparecido.
Flores dijo que rechazó la oferta y ahí sigue en el campo.
La declaración de la sonorense suma un tachecito más a la figura de Adán Augusto López, que de a poco se va convirtiendo en lastre para Sheinbaum.
@adriantrejo
