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Orbelín Rodríguez Arellano trabajó 20 años en Estados Unidos para construir su “sueño americano” sin embargo vio cómo su propiedad “Las Cuchillas” fue asegurada

REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN

EdomeX.- Lo que debía ser un sueño cumplido, tras años de esfuerzo, se ha convertido en una pesadilla para la familia Rodríguez Arellano, quienes vieron cómo su patrimonio fue asegurado, sin previo aviso, ni pruebas contundentes.

El rancho Las Cuchillas, construido con el fruto de más de 15 años de trabajo en Estados Unidos, fue incautado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), bajo la presunción de que forma parte de los bienes de la organización criminal La Familia Michoacana. Sin embargo, los afectados, dueños del rancho, aseguran que todo se trata de un error que los ha criminalizado injustamente.

El Operativo Bastión, implementado el 28 de marzo de 2025, llevó al aseguramiento de 21 propiedades en distintos municipios del sur del Estado de México, bajo la sospecha de que fueron adquiridas con recursos ilícitos.

#OperaciónBastión. A partir de actos de investigación de campo y gabinete, así como información de inteligencia para identificar sitios utilizados para resguardo, seguridad y confort de principales integrantes de grupos delictivos que han asentado su actividad criminal en el… pic.twitter.com/q5vCv5J38J

— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 31, 2025

No obstante, la familia Rodríguez insiste en que su única conexión con el dinero, es la del trabajo honesto, el sacrificio y la perseverancia.

“Nosotros emigramos para mejorar nuestras condiciones de vida, no para que nos acusen de algo que no hemos hecho”, lamenta Orbelín Rodríguez Arellano, quien regresó a México con el sueño de construir una casa para su familia, solo para verla incautada, sin una explicación convincente.

Para los Rodríguez Arellano, la actuación de las autoridades ha sido arbitraria e injusta. Solicitaron a la FGJEM la oportunidad de demostrar la legítima procedencia de su propiedad, pero hasta el momento, afirman, no han sido atendidos ni escuchados.

La historia no es nueva para ellos. En 2024 ya habían vivido un cateo similar, donde pese a identificarse, presentar escrituras y documentos que avalaban su propiedad, las fuerzas de seguridad continuaron con la incursión. Aquella vez, la intrusión policial dejó pérdidas materiales, pero ahora el problema ha escalado al nivel de despojarlos por completo de su propiedad.

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