Redacción
Las autoridades estadounidenses han tomado medidas contra manifestantes vinculados a protestas antiisraelíes en universidades del país. Como parte de esta iniciativa, más de 300 visas han sido canceladas, lo que ha generado reacciones diversas tanto en el ámbito político como en la comunidad estudiantil.
El Departamento de Estado ha señalado que esta decisión forma parte de una estrategia para evitar que personas extranjeras participen en actividades que puedan alterar el orden en instituciones educativas. Se ha argumentado que aquellas personas que ingresan con una visa deben respetar las condiciones bajo las cuales se les otorgó el permiso de estancia en el país. En ese contexto, se ha mencionado que los estudiantes internacionales que participan en manifestaciones que deriven en actos de vandalismo o interrupciones de la vida académica podrían enfrentar la revocación de sus documentos migratorios.
Uno de los casos que ha llamado la atención es el de Mahmoud Khalil, quien lideró protestas en la Universidad de Columbia y posteriormente fue detenido y trasladado a Luisiana, donde inició un proceso de deportación. A pesar de contar con residencia permanente, su participación en las protestas lo colocó en el centro de la estrategia gubernamental contra el activismo en los campus. Otro caso reciente involucra a Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado en la Universidad Tufts, quien fue arrestada tras publicar un artículo en el que pedía que su universidad reconociera la existencia de un «genocidio» contra los palestinos.
Funcionarios federales han insistido en que la política migratoria busca garantizar que las universidades no se conviertan en espacios para actos que, según su perspectiva, puedan afectar a otros estudiantes o generar un clima de inseguridad. Se ha reiterado que aquellos que no cumplan con las condiciones de su visado podrían enfrentar la cancelación del mismo.
Desde el Congreso, algunos legisladores han cuestionado estas acciones, señalando que afectan el derecho de los estudiantes internacionales a expresarse libremente. Se ha argumentado que la deportación o detención de manifestantes representa una medida excesiva y podría vulnerar principios fundamentales de la democracia estadounidense.
El gobierno ha respondido que la Constitución protege la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses, pero que los extranjeros con visas deben respetar las normativas migratorias y las condiciones establecidas al ingresar al país. Mientras este debate continúa, las universidades y los grupos de derechos civiles siguen observando de cerca el impacto de estas medidas en la comunidad estudiantil.
