La semana pasada México se volvió a cimbrar, un nuevo caso de terror fue hallado en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde en septiembre de 2024 la Guardia Nacional ingresó al predio y arrestó a 10 personas, rescató a dos secuestrados y encontró un cadáver.
Sin embargo, integrantes del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes ingresaron al rancho luego de una denuncia anónima, informaron que ese lugar era un campo de adiestramiento del crimen organizado y que había hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de las víctimas.
Este grupo de buscadores encontró, al menos, 200 pares de zapatos, mochilas, ropa y otras prendas que presuntamente pertenecen a jóvenes desaparecidos y que fueron llevados al lugar bajo el engaño de obtener un empleo.
El caso conmocionó a todo el país y más allá del uso político que hicieron de él la oposición y el oficialismo, dejó ver la carencias del Estado para hacer investigaciones.
Ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un decreto y la presentación de iniciativas para atender las desapariciones; lo que deja ver la falta de trabajo coordinado, especialización de personal, herramientas científicas y rigor en la aplicación de protocolos del Estado.
¿Entonces lo que falta para tener resultados en la investigación de personas desaparecidas son cambios legislativos?
La titular del Ejecutivo firmó un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen las búsquedas con evidencias científicas. Es decir, ¿qué actualmente no hacen búsqueda con evidencias científicas? ¿En qué gastan el presupuesto?
También propuso crear la Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana, aunque no aclaró cuánto presupuesto le será asignado.
Además, establece la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces ¿de dónde se obtienen las cifras que actualmente se publican?
Y pretende equiparar el delito de desaparición al de secuestro, con las implicaciones que esto conlleva para la aplicación de penas.
Este miércoles, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, dará un informe sobre el avance de las investigaciones, una vez que atrajo el caso.
Será capaz la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz, de resolver y dar con los responsables de las atrocidades ocurridas en el rancho Izaguirre, o se convertirá en un caso más que tenga el mismo destino que la investigación por la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y que a 10 años los padres siguen exigiendo justicia.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
¿Ya se habrá disculpado Andy López Beltrán con la presidenta, Claudia Sheinbaum, por el desaire del domingo 9 de marzo en el Cócalo de la Ciudad de México?
@aguilarkarina
