La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto quebranto al erario por 2 mil millones de pesos en Nuevo León, estado gobernado por Samuel García.
Se trata de al menos una decena de auditorías a recursos transferidos por Participaciones Federales, es decir, el porcentaje que le corresponde a la entidad por su contribución en impuestos federales.
De acuerdo con la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2023, los probables daños a la Hacienda Pública van desde miles de despensas fantasmas, pagos irregulares a trabajadores y anomalías en compra de medicinas.
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La Auditoría concluyó que Nuevo León, en el ejercicio de recursos, infringió las leyes General de Contabilidad Gubernamental, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de Egresos del Estado de Nuevo León, y de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La mayor observación fue por mil 354 millones de pesos, debido a que la ASF halló anomalías en la información financiera de contratos, pues tenían montos menores a lo que se registró en los estados de cuenta bancarios.
Auditorias por irregularidades
La Auditoría pidió al Gobierno de Samuel García que aclare “las diferencias entre la información de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, correspondiente al número de contrato, proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, monto pagado con las Participaciones federales, entre otros, por un monto menor con respecto a la información financiera, como son los registros contables y presupuestales y los estados de cuenta bancarios”.
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Esa irregularidad tuvo el mismo modus operandi en 18 dependencias de Nuevo León, cuyo monto supera los mil 314 millones de pesos de anomalías. Entre los señalados está el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Consejo para la Cultura y las Artes, la Corporación para el Desarrollo Turístico, el Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado, el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para y los institutos de Agua del Estado, de Cultura Física y Deporte, de las Mujeres.
Otra de las observaciones relevantes fue que se presume un daño al erario por 5.5 millones de pesos correspondientes a la compra de despensas por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, que no “contaron con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto ni con evidencia de la entrega de las despensas a los beneficiarios”.
Trabajadores fantasma
La ASF detectó otros 154.4 millones de pesos de pagos a 12 mil 370 trabajadores fantasma, debido a que “no se proporcionaron la totalidad de las pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina en incumplimiento de la Constitución”.
Otros 10.8 millones de pesos se clasificaron como probables daños a la Hacienda Pública debido al uso indebido de recursos de Participaciones Federales.
Estos fondos se destinaron al pago de 201 empleados del Gobierno estatal que ya habían sido dados de baja definitiva.
Como resultado, no existen comprobantes de transferencia electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cheques ni dispersiones de nómina, y no se tiene rastro de dónde quedaron los recursos.
Plazo de gracia
La entidad tiene 60 días para solventar las observaciones, pues de no hacerlo, se abriría otro proceso de investigación e incluso la ASF denunciaría a la Fiscalía General de la República el presunto desfalco.
