La promesa de Donald Trump de centrar las deportaciones en inmigrantes con antecedentes criminales se erosiona ante las cifras recientes. Datos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenidos por el medio estadounidense NBC revelan que, de los más de cuatro mil 400 detenidos en la primera quincena de febrero, el 41 por ciento no tenía condenas ni cargos penales pendientes.
Estos números contrastan con el discurso oficial de la administración, que enfatiza la criminalidad de los migrantes detenidos. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, justificó la política al afirmar que los inmigrantes sin antecedentes penales “no son necesariamente inocentes”.
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El incremento de arrestos inquieta aún más el sistema de detención migratoria. Entre principios y mediados de febrero, la población en centros de ICE creció de 39 mil 238 a 41 mil 169 personas, casi alcanzando su capacidad máxima de 41 mil 500.
La falta de espacio obliga a la administración a habilitar nuevos centros en Texas y Kentucky y a considerar la expansión en Denver. Más preocupante aún, el magnate comenzó a trasladar migrantes a la prisión de Guantánamo, donde planea albergar hasta 30 mil personas.
Mientras tanto, la crisis en los tribunales de inmigración continúa. Con una acumulación de 3.6 millones de casos, algunos procesos podrían demorar años.
Sólo el 13 por ciento de los detenidos están en proceso de “expulsión acelerada”, que permite la deportación sin audiencia judicial. El 87 por ciento restante enfrenta procedimientos legales prolongados. Actualmente, 16 mil detenidos tienen citas pendientes ante la corte, lo que evidencia la saturación del sistema.
El manejo de la migración no es sólo un problema federal. En Nueva York, el alcalde Eric Adams anunció el cierre del Centro de Llegada de Solicitantes de Asilo en el Hotel Roosevelt, que desde mayo de 2023 registró a más de 173 mil migrantes. La medida responde al aparente éxito de los esfuerzos por reubicar a los solicitantes de asilo.
El enfoque de Trump en la deportación masiva encuentra barreras logísticas y legales. Si bien el número de detenidos con antecedentes penales aumentó un 18 por ciento en dos semanas, el dato más llamativo es el alto porcentaje de expulsados sin historial criminal.
