Un grupo de juristas rechazó la persecución penal contra juzgadores que han dictado suspensiones contra la elección de jueces, magistrados y ministros.
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En un desplegado, al menos un centenar de juristas señalaron su “enérgico rechazo a la persecución penal en contra de juzgadores y juzgadoras que han otorgado u otorguen suspensiones y sentencias protectoras en juicios de amparo”.
Recordaron que la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados ha retirado que jueces y juezas no pueden ser detenidos ni enjuiciados por actos realizados en ejercicio de sus funciones”.
Consideraron que “tal persecución es arbitraria vulnera la independencia judicial, pues no solo afecta de manera abusiva a la persona perseguida, sino que busca intimidar, hostigar o interferir en la labor de los jueces y juezas, con el propósito de coaccionarles, para que resuelvan o se abstengan de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción”.
Entre los firmantes está el exprocurador de la República, Diego Valadez; la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis, y Rafael Estrada Michel.
En la última conferencia matutina de los jueces, se explicó que hay “absoluta seguridad de que la mayoría oficialista del Consejo de la Judicatura Federal ha dado luz verde a que ese órgano interno del Poder Judicial de la Federación dé vista a la Fiscalía General de la República”.
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Uno de los jueces denunciados es Sergio Santa María Chamú, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien emitió un ordenamiento para frenar la elección de jueces, magistrados y ministros.
