Por Juan R. Hernández
El robo de agua en la CDMX se ha convertido en un problema grave que agrava la escasez de este recurso vital. Por ello, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín ha propuesto tipificar este delito en el Código Penal del Distrito Federal, estableciendo sanciones que permitan frenar esta práctica.
Hoy en día, el marco legal no contempla el robo de agua como un delito específico, lo que deja un vacío normativo que impide sancionar a quienes sustraen el líquido de manera ilegal. La falta de regulación ha dado pie a la proliferación de tomas clandestinas, desvíos de caudales y manipulaciones indebidas en la infraestructura hidráulica, generando pérdidas millonarias y una distribución desigual del recurso. Es momento de poner orden.
En otro tema, no hay plazo que no se cumpla. A las 12:40 horas se realizó la toma de protesta de Donaji Olivera Reyes como nueva directora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México. Este movimiento despierta expectativas dentro de la fuente capitalina, en donde se espera un equilibrio fundamental para el ejercicio periodístico en Donceles. No faltó quien aún no digiere la salida de Coeto (a quien se le desea éxito en su nueva etapa), pero la realidad es que una nueva era comienza en Comunicación Social.
Se aspira a que esta dirección rompa con “los grupitos” y se brinde mayor apertura a los medios que diariamente cubren la información en el Congreso. Mientras tanto, en el foro “Impacto de las finanzas públicas ante las medidas del gobierno de Estados Unidos”, el especialista Pablo Trejo puso el dedo en la llaga sobre la importancia de la confianza ciudadana en el sistema fiscal.
Señaló que la baja cultura fiscal y la percepción de corrupción desincentivan el cumplimiento tributario y, por ende, afectan la recaudación. Trejo Pérez enfatizó la necesidad de modernizar la administración pública, profesionalizar a los servidores y garantizar transparencia en el manejo de recursos.
También alertó sobre la dependencia de estados y municipios a las transferencias federales, derivado de ingresos propios limitados y el impacto de la economía informal, que reduce la base gravable y profundiza la desigualdad.
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