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La mayoría morenista y sus rémoras en el Senado aprobarán hoy, seguramente sin cambios, la nueva Ley del Infonavit, con la cual el gobierno, por medio de una empresa, podrá disponer de los recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores.

 

Aunque el motivo parece muy noble, facilitar el acceso a una vivienda digna a los trabajadores, la ley encierra una peligrosa trampa que ya ha sido observada, desde hace semanas, por analistas y dirigentes sindicales y empresariales, sin que a los legisladores morenistas les importen esas opiniones.

 

El problema está en que no existe en la dichosa ley un organismo de supervisión encargado de vigilar que los proyectos de compra de terrenos y de construcción de vivienda sean transparentes.

 

Como bien mencionó ayer Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, el grave riesgo es que la empresa del gobierno quiebre y las pérdidas las asuman los trabajadores, es decir, que se queden sin dinero en su subcuenta…y sin vivienda.

 

Estamos hablando de casi 2.5 billones de pesos que estarán a disposición del gobierno con la aprobación de esta ley, bajo el pretexto de un programa de vivienda nacional.

 

Si los encargados de dicha empresa serán los mismos que proyectaron Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya, ya podemos dar por perdidos esos recursos.

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Dos casos de presunta violencia hacia mujeres han acaparado la atención ciudadana en los últimos días.

 

El primero, un video que se hizo viral en el que una mujer amenaza con mentir a la autoridad para encarcelar a un conductor de taxi por aplicación porque éste se negó a obedecer sus órdenes.

 

No se sabe en qué terminó el asunto, si el conductor afectado presentó una denuncia por chantaje, extorsión o amenazas, pero el caso desvirtuó, otra vez, la auténtica lucha de los grupos feministas en busca del respeto y la igualdad de derechos.

 

En el segundo caso, una conocida actriz ha demandado a la compañía Netflix, por considerar abusivas las “referencias’’ que se hicieron hacia su persona en la popular serie biográfica de Luis Miguel.

 

La actriz en cuestión esgrimió a su favor la Ley Olimpia, sin duda un gran logro en contra de la violencia digital contra las mujeres, por lo que el Poder Judicial ordenó a la compañía eliminar las escenas protestadas por ella.

 

Esta orden, sin embargo, genera un peligroso precedente para la libertad creativa.

 

El feminismo ha luchado por décadas para que las mujeres tengan voz, para que sean dueñas de sus narrativas y para que la sociedad entienda la importancia del consentimiento en la difusión de contenido íntimo.

 

La Ley Olimpia es una conquista fundamental en este sentido, protegiendo a las mujeres del abuso digital y de la exposición de su privacidad sin consentimiento.

 

Sin embargo, este caso plantea una pregunta importante, ¿se está utilizando esta ley de manera correcta?

 

La serie no expone imágenes reales ni material íntimo de la actriz; se trata de una ficción basada en hechos reales, con dramatizaciones y licencias artísticas propias de este género.

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El senador priista, Alejandro Moreno, realizó ayer una visita al Capitolio, en Washington, para reunirse con legisladores estadounidenses y autoridades que tienen que ver con el comercio trilateral, la seguridad y la migración.

 

Que se sepa, es el primer (o el único) legislador que ha realizado una visita al capitolio para abordar los temas que interesan a ambos países.

 

Como es un personaje de oposición, la visita será minimizada.

 

¿Y los legisladores del gobierno, para cuando se dan una vuelta por Washington?

 

     @adriantrejo

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