El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por la falta de presupuesto y tiempo de implementación, descartó que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su voto en la próxima elección judicial.
“Quiero destacar que desde la aprobación y promulgación de la reforma constitucional en la materia del Poder Judicial diversas consejerías nos pronunciamos claramente en este tema, advirtiendo que naturalmente son las personas en prisión preventiva las primeras interesadas en participar precisamente por la situación jurídica que tienen frente a la ley”, dijo la consejera Carla Humphrey.
Abundó que el Instituto “debió prever de mejor manera el resguardo de los derechos político y electorales de esta población, precisamente porque somos el único órgano constitucional autónomo garante de esos derechos humanos”.
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Señaló que es “conocedora de las complejidades que las áreas responsables han reportado en este acatamiento, me pronuncio a favor del Proyecto de Acuerdo a nuestra consideración, pero lamento la falta de previsión oportuna para atender esta materia tan sensible para muchas personas en esta situación, para sus familiares y sus comunidades”.
Lamentable que, en esta elección judicial, se haya dado un enfoque de regresión: consejera del INE
Cuartoscuro
Por su parte, la consejera Claudia Zavala manifestó que es “lamentable que, en este proceso electoral, se haya dado un enfoque de regresión para la garantía de los derechos. No debe de haber justificación alguna por la que se diga “sí hay un derecho reconocido, pero no se puede implementar”.
La consejera aseveró que “en una democracia constitucional, la eficacia de los derechos tiene que ir acompañada de las condiciones presupuestales, operativas y técnicas. Este Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad operativa y técnica para llevar a cabo este tipo de voto que ya se ha ampliado para las personas en prisión preventiva”.
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A su vez, la consejera Dania Ravel recordó que el INE solicitó 13 mil 205 millones de pesos para la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal; no obstante, la Cámara de Diputados nos hizo un recorte de 13 mil 476 millones de pesos”.
Apuntó que “lamentablemente el recorte presupuestal fue un primer gran impedimento para contemplar el voto de las personas en prisión preventiva y hacer frente a la producción de la documentación electoral, materiales y el capital humano necesarios para la operación de las actividades contempladas para el voto de las personas en prisión preventiva a nivel nacional”.
