Redacción
Varios estados de Estados Unidos, liderados por Nueva Jersey, están desafiando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía automática para los nacidos en el país. La medida propuesta por Trump pretende modificar la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de los padres. La orden genera controversia, ya que afecta a una larga tradición legal, y está siendo impugnada por 18 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, que buscan bloquear su implementación.
La orden ejecutiva emitida por Trump establece que las personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres no tengan estatus legal no serán automáticamente consideradas ciudadanas. Esta iniciativa se basa en la interpretación de que la 14ª Enmienda no se aplica a los hijos de quienes se encuentren en el país de manera temporal o ilegal. El grupo de estados demandantes, encabezado por el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, sostiene que esta medida es inconstitucional, ya que va en contra del texto original de la enmienda, que establece el derecho a la ciudadanía para todos los nacidos en Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción.
La polémica sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento ha existido por décadas. Sin embargo, los defensores de los derechos de los migrantes aseguran que la 14ª Enmienda fue diseñada para garantizar que los niños nacidos en el país, independientemente del estatus de sus padres, sean considerados ciudadanos. A pesar de los esfuerzos de Trump para cambiar esta interpretación, los opositores afirman que dicha política es un ataque directo a los derechos constitucionales de los inmigrantes y sus hijos, quienes, según la demanda presentada, están siendo despojados de su “plena membresía” en la sociedad estadounidense.
Desde la firma de la orden, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones en defensa de los migrantes han emprendido acciones legales para detener su aplicación. Uno de los casos más destacados es el de una mujer identificada como «Carmen», quien lleva más de 15 años en Estados Unidos y espera un hijo con un estatus migratorio similar. Según los demandantes, la medida de Trump les niega a los niños nacidos en estas circunstancias un futuro de igualdad de derechos y oportunidades.
La disputa legal sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento ha alcanzado una nueva dimensión con la orden de Trump. Mientras que los opositores consideran que la medida es una violación a la Constitución, los defensores del presidente argumentan que es necesario revisar las políticas migratorias para establecer criterios más estrictos. La lucha legal está en curso, y el impacto de esta orden dependerá de las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses.
