El Observatorio Electoral Judicial señaló que la incertidumbre generada por el desacato a suspensiones contra la elección de juzgadores podría derivar en la anulación total del proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros.
El 7 de enero de 2025, el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció que suspenderá sus actividades en torno al proceso electoral extraordinario por el que se elegirán diversos cargos judiciales.
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Dichas decisión se tomó en acatamiento a una suspensión ordenada por un juez federal dentro de un procedimiento de Amparo que se dirige a los tres Comités de Evaluación, siendo el único en acatar la suspensión. Diversos actores políticos han sostenido públicamente que la suspensión tienes fines políticos para evitar el libre desarrollo de las elecciones judiciales. En cambio, el Comité del Poder Judicial reconoció que su actuar obedece a razones jurídicas dado que el juez determinó que se vulneran derechos y que, por tanto, se debía suspender hasta garantizar las condiciones idóneas.
Al respecto, varios actores políticos han debatido sobre la legalidad o ilegalidad de la determinación del Comité, pero la cuestión no ha escalado aún a las instancias competentes.
En ese sentido, se pusieron sobre la mesa alternativas como que los demás poderes sustituyan las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial, sin que se revise la legalidad de la medida. Esto último sólo abona a la incertidumbre del proceso electoral judicial y la deslegitimación del mismo, e incluso podría provocar la nulidad de la elección.
Preocupación al desacato pone en riesgo la elección judicial
Como Observatorio “nos preocupa el constante desacato a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales. El riesgo más importante es que, una vez más, estamos en un escenario en el que la política se impone sobre el Estado de derecho y los mecanismos de protección de los derechos de las personas en México están endebles ante el no reconocimiento de decisiones de autoridades jurisdiccionales”.
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Alertaron que la elección judicial puede tomar un rumbo de “vulneración a los derechos políticos y electorales de las y los aspirantes a un cargo judicial; mayores cuestionamientos a la legalidad de la elección; inequidad en la conformación de las listas definitivas de aspirantes y candidaturas a las autoridades correspondientes, y retraso de la impresión de materiales electorales y de la preparación de la elección.
Alertaron de “Una nueva crisis constitucional dado que los mecanismos para la solución de los conflictos entre poderes carecen de la viabilidad necesaria y han derivado incluso en amenazas a potenciales juicios políticos (herramientas más políticas que jurídicas) respaldadas por mayorías legislativas. Hacemos un llamamiento a la búsqueda de soluciones viables y legales que den cauce positivo al desarrollo de estas elecciones ya mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión y, por lo tanto, dela democracia mexicana”.
EAM
