En los últimos días, la propuesta de extender el alcance del T-MEC para incorporar a países de América Latina ha ganado relevancia en el debate político y económico de la región. Sin embargo, aunque esta iniciativa se presenta como una promesa ambiciosa, surge una pregunta crucial: ¿es realmente viable?
Desde su creación, el T-MEC ha sido un motor clave para la economía de América del Norte, al consolidar una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo. Por ello, la posibilidad de incluir a más países es vista como una oportunidad para crear cadenas de suministro más diversificadas y robustas; ya que de concretarse, no sólo se fortalecerían las economías de estos países, sino que también se establecería un mecanismo de “prueba democrática”, incentivando a las naciones a adoptar políticas de transparencia, competitividad y estabilidad.
En un escenario ideal, esta expansión podría abordar de manera estructural algunos de los problemas que han aquejado a América Latina durante décadas. No obstante, el camino hacia esta integración no es sencillo. Especialistas han subrayado que el desafío principal no es técnico, sino político; ya que lograr que los tres gobiernos actuales del T-MEC se pongan de acuerdo en los parámetros de adhesión, en un entorno de tensiones cada vez más latentes, convierte esta propuesta en una especie de fantasía.
Más aún cuando en Canadá algunos sectores han abogado por excluir a México del tratado, citando preocupaciones sobre su relación comercial con China, mientras que en Estados Unidos la presión proteccionista de figuras como Donald Trump añade cada vez más capas de incertidumbre.
En ese marco, el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), firmado en 2005, ofrece un claro ejemplo de los retos inherentes a una integración económica más amplia; pues aunque de inicio se planteó como un vehículo para el desarrollo y la contención de la migración, los resultados han sido, en el mejor de los casos, mixtos. Gran parte de Centroamérica sigue enfrentando problemas estructurales que no fueron resueltos.
Por lo tanto, si una ampliación del T-MEC no aborda estas asimetrías de manera proactiva, se corre el riesgo de replicar los mismos errores. Asimismo, cabe mencionar que las economías de países como Guatemala, El Salvador y Honduras necesitarían apoyo significativo para alcanzar los estándares del T-MEC y cumplir con sus estrictas regulaciones laborales, medioambientales y de comercio justo, lo que complica aún más la iniciativa.
Frente a dichas circunstancias, me parece que si bien la propuesta de un T-MEC ampliado ofrece una visión prometedora para América Latina, también está plagada de obstáculos políticos y económicos que no pueden ignorarse. La realidad es que, antes de invitar a nuevos socios, los miembros actuales deben garantizar la estabilidad del acuerdo, pues las amenazas proteccionistas y las tensiones internas podrían socavar la viabilidad del tratado antes de que se materialicen las ambiciones de expansión.
Consultor y profesor universitario
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