El plan del presidente electo Donald Trump para ejecutar la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos enfrenta una maraña de obstáculos judiciales, logísticos y financieros que cuestionan su viabilidad. Con 11 millones de inmigrantes indocumentados en la mira, la propuesta amenaza con saturar un sistema migratorio ya sobrecargado y desatar una crisis social y económica sin precedentes.
Designado como el líder de esta cruzada, Tom Homan, conocido como el nuevo “zar de la frontera”, prometió que las familias inmigrantes podrían ser deportadas juntas, lo que refleja su desprecio al impacto de la separación familiar.
Sin embargo, los retos prácticos son inmensos. El sistema de inmigración acumula 3.7 millones de casos pendientes, un retraso que podría extenderse hasta 2040 si se suma la nueva carga proyectada por este plan, según un análisis de Axios.
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Para concretar la iniciativa, sería necesario triplicar los recursos del sistema: contratar miles de jueces de inmigración, construir centros de detención adicionales y fortalecer los programas de monitoreo.
Los costos de estas acciones se estiman entre 150 mil y 350 mil millones de dólares, una cifra que podría alterar profundamente el presupuesto federal.
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En el ámbito judicial, la situación es igualmente crítica. De los casos actuales en los tribunales, 1.6 millones corresponden a solicitudes de asilo, lo que refleja la complejidad de los procesos legales en curso.
El magnate y su equipo sugieren recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para agilizar deportaciones. Sin embargo, la normativa sólo puede usarse en contextos de guerra declarada, algo que no aplica en la actualidad. Cualquier intento de invocarla enfrentaría una fuerte resistencia en los tribunales.
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Amenazas sacuden al nuevo gabinete
Varios integrantes del próximo gobierno de Donald Trump recibieron amenazas violentas, informó Karoline Leavitt, portavoz del presidente electo.
“Anoche y esta mañana, varios nominados al gabinete del presidente Trump fueron blanco de amenazas violentas y antiestadounidenses”, señaló Leavitt, sin identificar a los afectados.
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Entre los incidentes se mencionan amenazas de bomba y “swatting”, una táctica que involucra falsas alertas policiales. Elise Stefanik, futura embajadora ante la ONU, declaró que su vivienda fue objeto de una amenaza de bomba mientras ella y su familia viajaban por Acción de Gracias.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó estar investigando los casos y aseguró tomarlos con seriedad.
El gabinete del líder conservador, compuesto por figuras leales pero cuestionadas por su inexperiencia, enfrenta un panorama tenso previo a la investidura del mandatario el 20 de enero.
