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Lo que está ocurriendo en Tabasco debería llamar la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues involucra a uno de sus operadores políticos, Adán Augusto López, y a un gobernador de su partido, Javier May.

 

Ambos, formados bajo la tutela de López Obrador, quien ahora se niega a recibir al gobernador que él impuso.

 

El estado se ha convertido en el centro de disputa entre dos grupos delincuenciales, “La Barredora’’, ligada presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

 

May denunció que “La Barredora’’ es encabezada por Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López y su sucesor, Carlos Manuel Merino.

 

El señalamiento tiene como origen un rompimiento en el grupo que formó López Obrador; por un lado, May decidió hacer equipo con el exdirector de Pemex y hoy director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, cuyo hermano, Julián Enrique Romero Oropeza, es el secretario de Finanzas del gobierno tabasqueño.

 

May, por compromiso o por conveniencia política, decidió colocar como secretario de Gobierno al hermano del expresidente, de nombre José Ramiro López Obrador, pero ni ello le ha valido para abrir las puertas de “La Chingada’’ para exponer sus quejas en contra del grupo político de Adán Augusto.

 

Mientras May ve cómo se le escurre el control político de la entidad y cae su popularidad, el coordinador de los senadores morenistas va poco a poco consolidando su poder y convirtiéndose en uno de los operadores de confianza de la Presidencia.

 

Los señalamientos de May sobre Bermúdez y su cercanía con Adán Augusto no despeinaron al exsecretario de Gobernación, quien no ha salido a responder al respecto, pero que seguramente no los olvidará.

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La ausencia de autoridad en Guerrero está provocando invasiones de ejidos, parcelas, terrenos, sin que los afectados puedan detenerlas.

 

Uno de los casos ocurrió en el municipio de Copala, en donde organizaciones pseudo sociales como una denominada “Vive Ayutla’’, invadieron terrenos entre Playa Ventura y Playa Azul, arrasando con maquinaria pesada lo mismo viviendas que ecosistemas protegidos, presentando órdenes de desalojo presuntamente apócrifas.

 

Estas acciones perjudicaron a familias que han habitado la zona por generaciones, mientras la Fiscalía estatal investiga delitos de fraude, despojo y tala de manglares, que es un delito federal.

 

Supuestos propietarios, vinculados a los hermanos Jordi Sánchez y Daniel Sánchez, han amenazado e intimidado a los legítimos habitantes.

 

Si las autoridades estatales y federales no quieren que el tema escale, deberán aplicarse ya.

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¿Cómo estaría el clima laboral en la Secretaría de Finanzas del Estado de México que los propios trabajadores festejaron que la gobernadora Delfina Gómez haya sustituido a la titular, Paulina Moreno García hace unos días?

 

El lugar de Moreno lo ocupa Oscar Flores Jiménez, quien, ante la queja de trabajadores, ordenó una auditoría a los gastos y autorizaciones que concedió su antecesora.

 

Los trabajadores denunciaron amenazas y maltratos de la exfuncionaria, a quien la gobernadora le perdió la confianza.

 

Por algo debió haber sido.

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Sin tanta alharaca, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó su primer informe de gestión.

 

Jiménez resaltó la creación de 25,078 nuevos empleos (de acuerdo a cifras del IMSS), los 1,370 millones de pesos invertidos en infraestructura vial y aeroportuaria y la inversión generada por 94 mil millones de pesos.

 

Coahuila es considerado el tercer estado más seguro del país, el segundo que más contribuye al desarrollo económico nacional y uno de los tres con mejor calidad de vida, que no es cualquier cosa.

 

Ojalá que al paso del sexenio mantenga o supere esos indicadores.

 

     @adriantrejo

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