Redacción
Estados Unidos ha impuesto sanciones a 21 nuevos aliados del presidente Nicolás Maduro, acusándolos de estar involucrados en la represión posterior a las elecciones presidenciales disputadas en Venezuela en julio. Entre los sancionados se encuentran funcionarios de alto nivel, como el jefe de la agencia penitenciaria del país, el director de un servicio de inteligencia y el ministro de la Oficina del Presidente. Estas medidas se suman a las sanciones previas que ya afectaban a otros miembros del gobierno, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo y varios ministros.
La decisión de Washington se produce en un contexto de tensión política en Venezuela, donde Maduro se proclamó ganador de las elecciones sin mostrar pruebas que respalden su afirmación. Por su parte, el opositor Edmundo González, quien fue reconocido por Estados Unidos como presidente electo, ha señalado que su victoria fue amplia, aunque tuvo que exiliarse en España en septiembre debido a una orden de arresto en su contra por su vinculación con la divulgación de los resultados de los comicios.
El gobierno estadounidense también adoptó medidas adicionales, imponiendo restricciones de visa a individuos que habrían participado en la represión de opositores y manifestantes tras las elecciones. Estas restricciones forman parte de un esfuerzo por presionar al gobierno de Maduro y aislar a aquellos que, según Washington, han sido responsables de violaciones de derechos humanos y de obstaculizar el proceso electoral.
El impacto de las sanciones y restricciones anunciadas no está completamente claro, ya que muchos de los sancionados continúan ejerciendo poder dentro del gobierno de Venezuela. A pesar de las medidas tomadas por Estados Unidos, los leales a Maduro siguen ocupando cargos clave en el aparato estatal, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de las sanciones a largo plazo.
En respuesta, los legisladores venezolanos han continuado discutiendo un proyecto de ley que consideraría las sanciones económicas extranjeras como crímenes de lesa humanidad. La propuesta también busca sancionar a quienes expresen apoyo a las medidas punitivas internacionales, lo que refleja la creciente tensión entre el gobierno venezolano y las potencias extranjeras que critican su manejo de la crisis política y social.
