La “Operación Enjambre’’ desplegada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en algunos municipios del Estado de México, el viernes pasado, fue un evento mediático, pero para la magnitud del problema que representa la sociedad entre funcionarios de gobierno y la delincuencia organizada, equivale a quitarle un pelo a un gato.
Qué bueno que el secretario Omar García Harfuch, con el apoyo de militares y policías estatales, decidió dar un aviso de lo que la dependencia a su cargo podría hacer.
La operación, dicho por el propio secretario, incluía órdenes de aprehensión de 14 funcionarios municipales a quienes se les había documentado su sociedad con la delincuencia organizada, aunque solo fueron detenidos ocho, entre ellas la presidenta municipal de Amanalco.
Sin restarle mérito, porque hace mucho que hacía falta un operativo, por lo menos para poner nerviosos a los funcionarios municipales y estatales que han permitido el crecimiento exponencial de la delincuencia, estos operativos, si no son la regla, se convierten en una excepción sin mayores beneficios para la ciudadanía.
El 26 de mayo del 2009, la entonces Procuraduría General de la República aplicó, en Michoacán, una operación similar a la que popularmente se le conoció como “el michoacanazo’’.
Ese día, las autoridades federales arrestaron a 11 presidentes municipales, al procurador de Justicia del estado, a un juez federal, a 12 expolicías, a dos exdirectores de Seguridad Pública y, aunque había una orden de aprehensión en contra del medio hermano del entonces gobernador, Leonel Godoy, hoy morenista, de nombre Julio César Godoy Toscano, nunca fue apresado.
Godoy era candidato a diputado federal cuando se giró una orden de aprehensión en su contra; no fue detenido.
Ganó la diputación pero no podía acercarse a San Lázaro porque lo esperaban agentes de la PGR para detenerlo pues, al no rendir protesta, no tenía el fuero constitucional que lo protegiera.
Hasta que el entonces coordinador de la bancada perredista, Alejandro Encinas, lo metió a la cajuela de su auto y así pudo entrar a San Lázaro; estuvo algunos días escondido en la oficina de Encinas hasta que rindió protesta.
Ya como diputado federal y cuando se instruía un juicio político para quitarle el fuero, huyó y jamás ha sido visto; se le acusó de ser el enlace con la Familia Michoacana.
¿Qué pasó después?
Todos los acusados, con excepción del presidente municipal de Múgica, quedaron en libertad a los pocos meses; el testigo protegido que los señaló, bajó la clave “Emilio’’, simplemente desapareció del programa de testigos protegidos y el juez del caso consideró que no había pruebas suficientes para mantener en prisión a los acusados.
Lo mismo puede pasar con el “Tolucazo’’.
Puede ser un operativo de relumbrón y quedar solo en eso, o ser una política auténtica, continua, de alcance nacional, que se haga con la intención auténtica de desmembrar la sociedad entre delincuencia y gobernantes, sin cuya participación no se entiende el grado de colonización que han logrado en todo el territorio nacional.
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Lo que para Bertha Alcalde, candidata a fiscal de la CDMX, es “discriminación’’, para los que no son morenistas es “nepotismo’’. Cuestión de enfoque.
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Sobre el tema, se registró para ocupar uno de los 9 puestos de ministro de la Corte del bienestar, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra, exsenadora, ex secretaria de Gobernación y hoy diputada morenista, Olga Sánchez Cordero.
En la misma lista, Manuel González Oropeza, exmagistrado del Tribunal Electoral (2006-2016) e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
