El proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación es un niño que nació muerto. Un verdadero desastre. Tanto, que el Instituto Nacional Electoral (INE), el ente designado por el Poder Legislativo para planearlo, ejecutarlo y sancionarlo, no tiene ni la más mínima idea de cómo lo va a hacer.
Anteayer miércoles, tras darse cuenta del tremendo problema en el que está metida, la titular de este organismo, Guadalupe Taddei Zavala, dispuso de su primer recule (les aseguro que vendrán varios más) al solicitarle al Senado cambiar la fecha para llevar a cabo este ejercicio: Del 1° de julio de al 1° de octubre de 2025. Noventa días.
¿Qué lectura le podemos dar a esta prórroga? Simple: El expresidente López
Obrador se aventó como el Borras con la más disparatada de todas sus ocurrencias. Y miren que fueron muchas, muchísimas. No hay forma de llevar a cabo una votación como la que está imaginando el oficialismo. En términos operativos y en términos presupuestarios.
¡Punto!
El Congreso de la Unión debe dejar de actuar como si fuera el Ministerio de Complicaciones de Asuntos Fáciles de Resolver. ¿Acaso a nadie se le ocurrió pensar por un
momento en las implicancias de contratar a más de 50 mil capacitadores y supervisores
electorales o la complejidad que conlleva el diseño de las boletas electorales con los
nombres de TODOS los aspirantes? ¿O qué tal si nos ponemos a hablar en metálico para
suponer el costo (en tiempo y dinero) para entregarles a TODOS los candidatos presupuesto para que puedan hacer campaña? ¿Alguno de ustedes, señores senadores y diputados, ya hizo las sumas y las restas necesarias para sacar un presupuesto (calculado) que permita y garantice las condiciones de equidad necesarias?, porque todos los candidatos tienen derecho a tiempos en radio, televisión e internet; también a publicidad impresa (bardas,pendones, volantes, etcétera); gastos de campaña; debates…
La verdad, señoras y señores, es que ninguno de ustedes (y eso incluye a doña Guadalupe Taddei y a doña Carla Humphrey) se ha puesto a reflexionar fría y objetivamente en un cúmulo mínimo de situaciones que podían venir aparejadas con un ejercicio de cuya magnitud y costo no hay parangón o antecedente alguno en otra parte del mundo.
Lamentablemente, para México y los mexicanos, desde la cúspide del ladrillo en el que se han trepado no pueden ver ni reconocer que la reforma judicial obradorista no es más que un desastre jurídico, social y operativo detonado por su falta de comprensión y sensibilidad. Y esta prórroga sólo acaba por darle razón a la sinrazón.
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