Los 13,205 millones de pesos solicitados por el INE para la realización del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, son apenas la punta de una montaña de recursos que el país, en este momento, simplemente no puede pagar.
Estos recursos corresponden a la elección de juzgadores federales, pero falta sumar al proceso los recursos que todos los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) o INE’s locales, como quiera llamarles, requieren para realizar la elección de los juzgadores a nivel local.
Pongamos por ejemplo a la Ciudad de México.
La CDMX cuenta con un padrón aproximado de 8 millones de personas con posibilidad de votar.
Para elegir, por ejemplo, a la jefe(a) de Gobierno, se mandan a imprimir 8 millones de boletas, con todos los candados de seguridad posible, en un papel especial también.
Ahora, para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial local, se espera que por lo menos se emitan unas 25 boletas, considerando todas las ramas del derecho sujetas a la elección, desde los jueces penales, laborales, civiles, etcétera.
Si en la elección pasada, en la capital del país, cada boleta tuvo un costo de 1.80 pesos, esa cantidad deberá multiplicarse por 8 millones y el resultado multiplicarse por 25 veces.
De ese tamaño será el gasto para cumplir el capri…, perdón, las nuevas disposiciones constitucionales para la elección de juzgadores a nivel local.
Hablamos, desde luego, de un supuesto, porque ningún Congreso estatal ha armonizado su legislación a la Constitución en materia de elección de funcionarios del Poder Judicial.
Se calcula que el proceso de elección en la capital del país podría ser de entre mil y mil quinientos millones de pesos, de acuerdo a su padrón electoral.
Lo mismo podría costar en Veracruz y Jalisco, cuyos padrones son los más numerosos del país.
En estados “chicos’’, con menos electores posibles, quizá el presupuesto requerido no supere los 500 millones de pesos.
Sumadas las 32 entidades federativas, ¿cuánto dinero más tendría que destinarse a un proceso sobre el cual no existe mayor información, que no ha despertado el interés de su público objetivo debido a que, en el balance de beneficios-riesgos, tienen un mayor peso específico los últimos.
Siendo conservadores, duplique el monto de los 13,205 millones solicitados por el INE para la elección de juzgadores federales para la elección a nivel local y entenderá que los legisladores aprobaron la reforma al Poder Judicial sin tener la menor idea del gasto que representará.
Es lo que hay.
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En campaña, Claudia Shenbaum rechazó la posibilidad de una reforma fiscal pero ya en la Presidencia sufrió un golpe de realidad: no hay suficientes recursos para mantener los programas sociales y pagar los que ella prometió.
Por eso el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que “ya viene’’ una profunda reforma fiscal con la justificación de poder redistribuir mejor la riqueza.
Quién sabe qué nuevos impuestos aplicarán o que tasas impositivas se modificarán, pero lo cierto es que el país no enfrentaría este problema si se hubieran invertido mejor los recursos públicos el sexenio pasado y en crear paquidermos que serán rentables en 30 años.
Si acaso…
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Moody’s Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación de México, entre otras cosas, debido al “debilitamiento en políticas y entorno institucional’’ que pone en riesgo las inversiones.
Dicho de otra manera, porque la calificadora no ve las suficientes garantías de un estado de derecho para las inversiones.
Pero no pasa nada… ¿o sí?
@adriantrejo
