La Diputada Claudia Chapa Marmolejo presentó un punto de acuerdo para que el gobierno estatal etiquete una partida presupuestal en la Ley de Egresos 2025 a fin de que se puedan agilizar los trámites y regularizaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas a un bajo costo y con ello generar una mejora regulatoria constante.
Chapa Marmolejo destacó que la semana pasada se reunió con integrantes de la CAINTRA quienes le externaron sus inquietudes sobre los diversos trámites a los que se enfrentan las MIPYMES además de que algunos tienen un costo muy elevado y eso desincentiva a los emprendedores a seguir con sus negocios.
La legisladora subrayó que de acuerdo con el Censo Económico 2019, las MIPYMES representan 94.9% de los establecimientos en todo el país y tan solo en Nuevo León en el año 2023 se registró un total de 70,018 micro y pequeñas empresas formales, todas ellas con la intención de avanzar en sus trámites, pero por los costos, muchos de ellos se encuentran pendientes.
“Los trámites que queremos hacer más amables con los que tienen impacto ambiental, que incluso algunos son muy costosos. Sabemos por los empresarios que hay tres trámites que se realizan: un manifiesto de impacto ambiental; un estudio de residuos de manejo especial; así como otro de descarga de aguas.
“Pero además de éstos, que tienen un costo promedio de diez mil pesos, hay otro donde se tiene que contratar a un especialista particular, y eso es un gasto de 100 mil pesos que las MIPYMES tienen que pagar. Es por ello que queremos trabajar en conjunto con los empresarios en cómo les apoyamos con incentivos en algunos trámites y de ser posible, eliminar o subsidiar el estudio de los especialistas, que es el más caro”, destacó Chapa Marmolejo.
Destacó que es de suma importancia que todas estas empresas se regularicen, y de esta manera se logrará que haya mayor un control por parte de la autoridad ambiental estatal de las MIPYMES, fortalecer las políticas públicas en materia ambiental, así como acceder a los incentivos que existen por tener un cumplimiento ambiental.
“Si se crea una partida presupuestal en la Secretaría de Medio Ambiente para generar este tipo de apoyo a las empresas, ayudaría a que acudan a registrarse y regularizarse, de esta manera ayudaríamos a los ciudadanos y al medio ambiente.
“Es prioritario que exista colaboración por parte de la autoridad para una regularización amable, es decir, que la autoridad lleve de la mano a todas estas empresas. Actualmente los pagos de derechos de los trámites más el costo del especialista, convierte la regularización en algo complicado de costear, lo cual hace que la ciudadanía no quiera acudir a regularizarse”, finalizó.
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