La despenalización total del aborto que se discutirá en el Congreso de la Ciudad de México no busca que mujeres acudan a realizar el procedimiento, sino que aquellas que por voluntad propia o complicaciones en su embarazo lo realicen, no sean criminalizadas, explicaron un jurista y legisladora.
“No es lo mismo legalizarlo, que despenalizarlo”, comentó el penalista Irving Regino en entrevista con 24 HORAS al señalar que mediante dicha reforma se elimina el delito de aborto del Código Penal local, ya que actualmente la interrupción del embarazo después de las 12 semanas es castigado penalmente en la capital de tres a seis meses en prisión.
Indicó que el proyecto de ley no es una invitación para que todas las mujeres vayan a abortar “a diestra y siniestra”, porque no es el objetivo.
Asimismo, adivirtió que en México existen cifras negras de abortos clandestinos que muchas veces terminan en problemas de salud para la propia madre y mediante dicha iniciativa se combatiría ese “sector oscuro”.
En palabras de la diputada Cecilia Vadillo, esta iniciativa busca proteger a mujeres en extrema pobreza que se les dificulta el acceso oportuno a servicios de salud para interrumpir su embarazo, que fueron víctimas de violencia sexual y por lo tanto tienen una detección tardía de su embarazo y aquellas que tienen alguna complicación de salud, como accidente o malformación, que les impide continuar la gestación.
“Estos casos suceden y en la práctica tenemos que legislar para no criminalizar a ninguna mujer, sobre todo para garantizar que puedan acceder al sistema de salud y que los médicos no tengan miedo, porque en casos donde hay problemas con la salud de la mujer, no pueden atenderla por miedo a ser criminalizados”, comentó Regino.
Al respecto, el penalista señaló que actualmente la sanción es mayor para la persona que ayuda a la mujer a cuando es de manera voluntaria, ya que las penas van de uno a tres años de prisión, mientras que a la mujer le corresponden sanciones de tres a seis meses.
Recordó que esta discusión se planteó desde 2021 con la postura de la Suprema Cortabortoe de Justicia de la Nación, quien aseveró que la penalización por interrumpir un embarazo de forma voluntaria era inconstitucional.
