Colonizado el Poder Judicial, Morena y sus aliados se preparan para la extinción de los órganos autónomos bajo el criterio de evitar la corrupción y reducir el gasto corriente de la administración pública federal.
Ese fue el slogan político que utilizó López Obrador durante todo su sexenio y ahora sus legisladores lo complacerán, aunque se hayan tardado unos meses.
La semana próxima, la Cámara de Diputados discutirá (es un decir, porque todo está decidido) las tres iniciativas de reforma constitucional para desaparecer a los siguientes organismos independientes:
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuyas funciones absorberá la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada pomposamente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como si el solo cambio de nombre garantizara el cumplimiento de sus fines.
Se extinguirá la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyas funciones pasarán a la Secretaría de Economía; también la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Sus tareas serán realizadas a partir de su desaparición por la Secretaría de Energía.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será extinguido y su labor será endosada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; igual pasará a la historia el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será devorado por la Secretaría de Educación Pública.
Quizá la desaparición más costosa, en términos de credibilidad y certeza estadística, será la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), responsable de realizar los indicadores de pobreza en en el país, labor que realizará ahora el Inegi.
Todos estos organismos (más el INE en tiempos de Lorenzo Córdova) fueron sistemáticamente bombardeados por López Obrador con acusaciones de presunta corrupción, que en ningún caso pudo demostrar, salvo uno o dos escándalos particulares.
La decisión está tomada; el gobierno tendrá el control absoluto sobre la información estadística, sobre las investigaciones sobre colusión entre empresas y/ o particulares; en el caso de la energía, por ejemplo, será juez y parte al haber convertido a Pemex y la CFE nuevamente en empresas estatales.
No hay nada que impida la consumación de estas extinciones ni cualquier otra reforma que convenga al gobierno en turno y su partido.
Pero no vamos camino a un régimen totalitario ¿eh?
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El senador del Verde, Luis Armando Melgar, anunció que Morena presentará una iniciativa de Ley para “la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad’’.
Se trata, explicó el legislador, de emitir una legislación similar a la que la Corte abrogó en el 2021, que tenía por objetivo regular las relaciones entre anunciantes, agencias publicitarias y medios de comunicación.
En resumen, se trata de que dichas agencias no cobren al cliente y luego exijan una comisión al anunciante, so pena de que sí no aceptan el trato, son borrados o ignorados de las pautas publicitarias no solo del gobierno, sino de la iniciativa privada.
La iniciativa no se mete al tema del presupuesto destinado a la publicidad oficial; es un marco más generalizado que, por lo visto, tiene el apoyo de otras fracciones parlamentarias.
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De la forma más burda que se pueda imaginar, a Morena en el Senado se le hizo bolas el engrudo para elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En la terna final fue incluida Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta, a pesar de que solo obtuvo ¡un voto! en su comparecencia ante comisiones; la peor calificada y aún así la subieron a la terna.
Ay, Javier Corral, a tragar sapos.
@adriantrejo
