Una casa es algo más que solo un lugar para vivir. Tener un espacio certero y asequible es una de las piedras sobre las que se basan otros derechos como el derecho a la salud y a la educación.
Sin embargo, en los últimos años, el mercado de la vivienda se ha encarecido a un ritmo mucho más acelerado y deja fuera a un gran número de personas de la posibilidad de tener una vivienda digna.
Según cifras de Hábitat para la Humanidad hay 14 millones de familias en México que no tienen manera de acceder a los recursos suficientes de comprar o construir vivienda.
El fenómeno de encarecimiento de la vivienda no es exclusivo de México. Incluso en algunos países como España y Puerto Rico nos cuentan una historia algunos capítulos más adelante de lo que podría venir si no se regula o se actúa en torno a la vivienda.
En España uno de los movimientos sociales más potentes en este momento son los sindicatos de inquilinos, que buscan un respaldo suficiente para exigir una disminución de la renta con la amenaza de dejar de pagar en un volumen enorme.
La protesta se entiende cuando se conocen casos como el de Ibiza, una de las ciudades con mayor turistificación donde policías, bomberos, trabajadores de hoteles y maestros tienen que vivir en tiendas de campaña porque las rentas, dirigidas casi a turistas en viviendas de renta temporal, resultan impagables.
Y aquí viene una duda genuina ¿la vivienda para quién se construye?.
La vivienda de interés social en México ha dejado de ser uno de los rubros de interés más constantes de las compañías inmobiliarias. Principalmente porque han encontrado mucho más rendimiento en la construcción de viviendas de ocupación temporal. Es decir, se construye mucha vivienda, pero no realmente para que las personas que lo necesitan, vivan ahí.
Es ahí donde la participación del estado y el diseño de políticas desde el gobierno es relevante y las políticas del gobierno federal que recién se anunciaron adquieren un papel primordial.
Plantear estas políticas donde se prioriza la construcción de vivienda social digna es el inicio de la resolución de un problema y a partir de ahí vienen otros pendientes.
La construcción de la vivienda ha sido el escenario de más de un escándalo de corrupción en todos los partidos. También los grupos y colectivos para la obtención de vivienda han sido uno de los factores de negociación política a lo largo de los años.
Será un reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum lograr un seguimiento y supervisión de la calidad de las construcciones y un reto para los gobiernos locales dar seguimiento a dónde y cómo se construye la vivienda.
Quizá este es un buen momento para incrementar y fomentar la transparencia de quién y con qué recursos se construyen las casas en el país. La coyuntura ayuda a nosotros como ciudadanos a comenzar a exigir información clara y gratuita sobre quienes son los responsables de edificar los sitios donde vivimos.
@Micmoya
