El pasado 18 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Ernestina Godoy, envió un oficio a Norma Piña, en su calidad de presidenta de la Judicatura, para pedir que se levante un procedimiento administrativo contra la jueza Nancy Juárez.
La petición también fue para que se solicitara a los juzgadores abstenerse de emitir resoluciones que carecen de validez jurídica.
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El pasado 17 de octubre, la jueza, con residencia en Coatzacoalcos, ante el desacato de la suspensión provisional determinó un plazo de 24 horas para que la presidenta Claudia Sheinbaum gestionara la eliminación del decreto de reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La juzgadora emitió un apercibimiento de que un nuevo desacato sería notificado ante el Ministerio Público Federal y podría configurar un delito que se castiga hasta con siete años de cárcel.
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Dicho juicio de amparo, según la Consejería Jurídica, es “violatorio de la jurisprudencia de la Suprema Corte, en la que se ha establecido que el control de constitucionalidad no puede realizarse respecto a los preceptos de la Constitución”.
EAM
