Por Juan R. Hernández
En medio de una deuda histórica con miles de familias, la Ciudad de México comienza a dar señales alentadoras. La propuesta de construir un marco normativo específico para los asentamientos en suelo de conservación apunta a transformar el desorden en certeza jurídica, un paso clave para garantizar el derecho a la tenencia de la tierra.
El avance en el Congreso local, con la aprobación de la investigación sobre regularización, refleja una voluntad política que durante años estuvo ausente. La diputada María del Rosario Morales Ramos acierta al visibilizar la complejidad del problema: no es nuevo, pero hoy se atiende con mayor seriedad.
Destaca también la suma de esfuerzos entre legisladores, el Instituto de Investigaciones Legislativas, el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica. Esta coordinación abre la puerta a soluciones reales para quienes han vivido en la incertidumbre. Si se mantiene el ritmo, la capital podría saldar una de sus asignaturas más rezagadas.
Y justo ahí es donde entra la otra cara de la moneda. En charla con Leticia Robles, exdelegada en Álvaro Obregón, surge un diagnóstico preocupante: la demarcación, asegura, ha involucionado bajo la gestión de Javier López Casarín.
No se trata de grillas ni de rencores, sino de una crítica puntual: desconexión con la ciudadanía y ausencia de un programa de gobierno efectivo. Dos fallas que pesan más que cualquier discurso.
Por si fuera poco, ya circula el caso de una alcaldesa que presume portada en una revista “especializada” en consultoría política, muy elegante, muy en inglés, muy aspiracional. La pregunta es obligada: ¿es estrategia de reelección o simple vanidad pagada con recursos difíciles de rastrear? Porque cuando los resultados no alcanzan, la tentación de comprarse reflectores suele crecer rumbo al 2027.
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