Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – Representantes de más de 120 colonias, barrios y fraccionamientos de San Cristóbal afirmaron que en existe una “crisis hídrica” en la ciudad y no se cumple el derecho humano al agua, al tiempo de señalar que prevalecen el “crecimiento desordenado, la corrupción en los cambios de uso de suelo, la destrucción de humedales, las epidemias gastrointestinales y las inundaciones recurrentes”.Añadieron que “los habitantes de San Cristóbal hemos denunciado, demandado, solicitado, propuesto y ejecutado numerosas acciones ciudadanas y sociales para acceder a nuestro derecho, pero las instituciones de gobierno han afrontado sus responsabilidades con omisión y aquiescencia, entendida ésta como esa complicidad silenciosa y tolerancia institucional que permiten el despojo y la destrucción de nuestro entorno”.
Lo anterior fue expuesto durante el Foro comunitario derecho al agua, justicia ambiental y construcción de paz en San Cristóbal, convocado por la Secretaría de Gobernación (SG), en colaboración con el gobierno estatal y el ayuntamiento local, “para platicar, debatir, dar soluciones y generar una ruta de acción que permita a los funcionarios públicos atender el problema ambiental que padece el municipio”.
Al dar a conocer las conclusiones de dos días de trabajos, la coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos de la SG, Irene Álvarez, afirmó que “el foro ha permitido evidenciar que la crisis hídrica y ambiental del municipio es de carácter estructural, multifactorial y acumulativo, resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado, presión sobre los ecosistemas y debilidades en planeación del territorio”.
Sostuvo que “los problemas son el deterioro de la red de agua y pérdidas por fugas hídricas”, por lo que “es necesario hacer un plan maestro orientado a la gestión sostenible del agua, así como activar plantas de tratamiento de aguas residuales y atender zonas críticas en materia hídrica”.
El diputado federal morenista, Joaquín Zebadúa, afirmó en su intervención que “en la cuenca de San Cristóbal no hay un problema de disponibilidad de agua, sino de calidad y existe un problema de infraestructura que no se ha hecho a lo largo de décadas; no se ha renovado ni crecido de manera adecuada, pero agua en esta cuenca, hay”.
Insistió en la necesidad de construir una planta de tratamiento de aguas y sostuvo que tiene que hacerse una obra integral que permita renovar la red de agua potable y que tengan la parte correspondiente las potabilizadoras también. “No es posible que en un lugar como este en el que hay tanta agua, no se tenga una provisión de agua potable todo el tiempo en las casas”.
Juan Salvador Camacho Velasco, diputado local morenista, manifestó a su vez que “los humedales se siguen secando” y los bancos de arena y grava ubicados en cerros de San Cristóbal de los que se extraen materiales pétreos contribuyendo a generar una crisis ambiental, “no tienen permisos para operar”, además de que es necesario legislar sobre el tema.
Los representantes de más de 120 colonias, barrios y fraccionamientos dijeron que “hemos creado sistemas locales y autónomos de abastecimiento de agua, cuidado y mantenido tuberías, promovido prácticas de cosecha de agua e implementado técnicas para facilitar la infiltración. Sabemos que no es suficiente. Hoy vemos con preocupación cómo la crisis se agrava por factores locales y globales”.
Los efectos del cambio climático, subrayaron, “son cada día más evidentes en nuestro territorio: inundaciones en los cuatro puntos de la ciudad y el centro, temperaturas extremas, sequía y erosión del suelo. A esto se suman incendios provocados, cambios de uso de suelo, contaminación de ríos, manantiales y humedales por lixiviados, descargas en los ríos Fogótico y Amarillo, drenajes azolvados por el lodo y la basura, deterioro y destrucción de bosques y reservas ecológicas, así como una planeación que no responde a una población creciente y demandante de servicios de agua potable y alcantarillado”.
Afirmaron que “la ciudad ha crecido sin orden, tolerando invasiones, asentamientos irregulares, tala de bosques en las tierras altas, contaminación con plásticos provenientes de envases de bebidas embotelladas, así como rellenos en zonas de humedales; en suma, la destrucción de ecosistemas imprescindibles para la humanidad por su biodiversidad de flora y fauna local, nacional e internacional”.
En un documento exigieron la construcción de un plan integral, público y vinculante para cuidar el ciclo del agua con un enfoque de derechos de la madre tierra y biocentrismo, que proteja el ciclo vital desde sus fuentes hasta el acopio, distribución y consumo de todas las especies —incluyendo el uso humano—, garantizando que el tratamiento de aguas residuales no represente riesgos para la salud de los ecosistemas”.
Asimismo, “un alto inmediato al crecimiento desordenado de la ciudad y un plan de desarrollo urbano municipal sustentable y participativo; incorporar criterios obligatorios de infraestructura verde en la obra pública, incluyendo espacios de infiltración y captación de agua de lluvia en calles, parques y domos”, así como “auditoría ciudadana permanente y vinculante para fiscalizar los recursos asignados al agua y garantizar su correcta aplicación, erradicando cualquier rastro de corrupción institucional”.
Además, “investigación y diseño de políticas públicas en materia hídrica, con base social. Desarrollo de soluciones tecnológicas adecuadas al territorio, basadas en ciencias básicas, así como la “clausura de las minas de grava que siguen devastando áreas y volúmenes de verdaderos sistemas de captación de agua de lluvia en el territorio de esta cuenca hidrográfica”, entre otras demandas.
