Edgar H. Clemente/La Jornada/Tapachula, Chiapas.- El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunció que los trámites de regularización para migrantes en la frontera sur de México -muchos de los cuales deberían de ser gratuitos- pueden costar hasta 40 mil pesos debido a la corrupción y mercantilización de los derechos.La agrupación -que integra a varias organizaciones defensoras de derechos humanos- emitió una alerta como parte de la observación que realiza de las personas en situación de movilidad, en la que también acusó que la mayor presencia militar y policial en los dos lados de la frontera de México y Guatemala han provocado que se vulnere los derechos de los migrantes y la región se convierta en “un campo de batalla, en el que la dignidad y la vida de miles de personas está en permanente riesgo”.
Añadió que de acuerdo a testimonios de los extranjeros y medios de comunicación señalan la existencia de una red de corrupción en las instituciones gubernamentales responsables de atender a este grupo vulnerable.
Aunque el reporte no las menciona, las denuncias públicas han sido en contra tanto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración.
“La proliferación de despachos privados de abogados ha convertido herramientas legales -como los amparos- en un paso casi obligatorio para acceder a derechos. Hemos documentado como se utilizan para obtener tarjetas por razones humanitarias, citas para entrevistas de elegibilidad e incluso por el cobro para la revalidación de estudios, con costos inaccesibles que pueden superar los 40 mil pesos”, advierte.
Agregó que esas irregularidades genera entre los propios migrantes condiciones de desigualdad y afecta tanto su salud física como emocional.
Además, detalla el reporte, han documentado que a la frontera sur están llegando extranjeros deportados por Estados Unidos, incluidos niños y adolescentes, que llevaban años de residencia, principalmente cubanos y venezolanos, lo que ha causado separación familiar y que en Tapachula no cuenten con representación consular.
El Colectivo abundó que las deportaciones de migrantes de otros países al sur de México esta dejándolos en condiciones de “extrema vulnerabilidad”.
“Sin una situación migratoria regular en México y sin documentos, estas personas quedan atrapadas, sin posibilidades de moverse ni de reconstruir sus vidas”, advierte.
Refirió que la muerte de dos menores haitianos en un centro del DIF en Oaxaca “nos recuerda que la infancia migrante necesita cuidado, protección y garantías de no detención”.
Finalmente reconoció los esfuerzos de las escuelas de la región por permitir el ingreso de niñas, niños y adolescentes migrantes para que puedan ejercer su derecho a la educación.
